Uno de los costos directos es la pérdida de empleos o la reducción de las horas de trabajo. Alrededor del 25% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, cerca del 40% está fuera de la pobreza, pero muy cerca, por lo cual se podría ocasionar una reducción de los ingresos laborales y con ello hacerlos caer por debajo de la línea.
La mal llamada “clase media”, según distintas mediciones, ocupa otro 25%. Sin embargo, una gran proporción de esta clase media no cuenta con empleos seguros; es decir, también trabaja en el sector informal, en pequeñas o medianas empresas sumamente vulnerables a cualquier evento que pueda afectar sus ventas. Tampoco cuenta con seguridad social de manera a mitigar, al menos superficialmente, el gasto de una enfermedad.
La situación se agrava si consideramos que una gran proporción de personas ya viene sufriendo las consecuencias económicas del dengue y de los malos servicios públicos que, en el caso del Paraguay, en lugar de ayudar a prevenir las causas y contribuir a paliar los efectos en al menos una parte, la complican aún más.
En el caso del dengue, todas las instituciones públicas fallaron. No hay una toma de conciencia sobre el impacto de la deforestación en la vida de las personas, no hay penalización a quienes están incumpliendo la ley en ese ámbito o en la limpieza de sus terrenos y casas. En el caso del coronavirus, antes de empezar el contagio, la principal institución pública encargada de proteger al consumidor lo dejó totalmente vulnerable a conductas oligopólicas con el argumento del “libre mercado”. Igual con el transporte público, la autoridad no es capaz de hacer cumplir una normativa y la ciudadanía debe hacerla cumplir con los puños.
Si el Gobierno no actúa de una vez, al menos en su rol regulador y prestador de justicia, que son indelegables, los costos de dos epidemias seguidas serán incalculables, no por la dificultad de cuantificarlas, sino por la dimensión que tomará, incluyendo el aumento de la pobreza. El costo será elevadísimo y afectará a determinados grupos en particular. El Gobierno, además de regular y hacer cumplir regulaciones, debe implementar políticas para reducir estas consecuencias económicas, pero atendiendo a los afectados de manera directa.
Los recursos públicos que se destinen a mitigar el impacto económico deben tener como objetivo el bienestar de las familias. El Gobierno debe tener bien claro en dónde estarán los peores efectos laborales, ya sea ramas económicas, tamaño de las empresas, efecto multiplicador y con justificaciones claras, impulsar medidas, monitorear los resultados y rever la estrategia si observa que no se llega a la meta. El sector público tiene diversas instancias, con funcionarios que deberían estar haciendo estos estudios, ya desde el inicio del dengue, con base en datos serios y argumentos sólidos para plantear las respuestas que requiere el país.
