Los costos económicos de una epidemia van mucho más allá que los desembolsos realizados por el sistema de salud pública. Las familias gastan gran cantidad de dinero en los medicamentos, las internaciones, el transporte, el cuidado de los enfermos, la alimentación especial, entre otros rubros.
Las personas que trabajan deben perder días laborables porque se enferman o porque deben cuidar a los enfermos. En los niños y adolescentes hay que considerar también las ausencias en las escuelas y los colegios.
Los datos del Instituto de Previsión Social (IPS) señalan que, en poco más de dos meses de epidemia en el 2018, los desembolsos por subsidios fueron de 350 millones de guaraníes, con un promedio de reposo de entre 2 y 5 días, dependiendo de la gravedad. A esto hay que agregarle además el gasto en la atención.
Apenas un cuarto de la población cuenta con los beneficios de la seguridad social. El resto de los trabajadores, si llegasen a enfermar, no tiene ningún mecanismo que les permita contar con un ingreso para vivir durante los días de la enfermedad. Además, están los días laborales perdidos de los familiares que cuidan a los enfermos.
Estos costos, si bien pasan desapercibidos en la macroeconomía, porque no se calculan ni se visibilizan, son fuertemente sentidos en las familias que sufren la dolencia.
Al no haber estudios acerca del tema, no se dimensiona la profundidad del problema. Sin embargo, solo es necesario hacer unas mínimas estimaciones para entender que el dengue no puede ser tomado a la ligera ni por la sociedad ni por las autoridades.
La atención de la enfermedad siempre es más cara que la prevención y allí es donde el sector público ha llegado tarde. Las autoridades de los tres niveles de gobierno –central, departamental, municipal– han fallado rotundamente en coordinar e integrar acciones, de manera a no llegar a la situación actual.
No obstante, todavía queda mucho por hacer para impedir que la epidemia se expanda, sobre todo hacia las personas que ya tuvieron dengue o que presentan factores de riesgo. En estos casos, frente al riesgo de muerte, el valor de la vida está por encima de cualquier costo económico.
El Ministerio de Salud, como ente rector de la política sanitaria, debe mostrar mayor esfuerzo y, principalmente, resultados. Una fuerte campaña de concienciación ciudadana, la coordinación con el IPS, las municipalidades y gobernaciones, el trabajo conjunto con las comunidades y la penalización a quienes no cumplen con las normas deben estar en el centro de atención.
El Poder Judicial tiene la responsabilidad de no dejar impunes la desidia o la irresponsabilidad. Todas las autoridades, tanto las de confianza como el personal técnico, deben asumir públicamente su ineptitud para negociar, planificar y trazar caminos comunes en la prevención de una enfermedad cuyas causas urbanas son relativamente fáciles de prevenir y con competencias claramente establecidas en cada uno de los niveles de gobierno.
Esta epidemia es la peor muestra del fracaso de una política pública.
