“Nos estamos organizando. No estamos de acuerdo con la moratoria y vamos a oponernos a ella”, dijo a Efe Aliza Herbst, portavoz del Consejo de Colonias, que añadió que “impedir la entrada a nuestras comunidades de los inspectores sólo es el comienzo”.
Dos israelíes, uno de ellos colono (i) y el otro defensor de los intereses palestinos en Jerusalén Este, se encaran en la puerta de una casa propiedad de palestinos, que es desalojada para que pase a manos de una familia israelí, en el barrio árabe de Sheikh Jarrah en Jerusalén (Israel), hoy, 1 de diciembre de 2009. Los israelíes se instalaron en la casa tras la sentencia favorable de un tribunal. EFE | Ampliar imagen
El Consejo, que representa a los autoridades municipales de los asentamientos judíos, ha convocado para el próximo día 9 en Jerusalén una manifestación contra la moratoria decretada por el Ejecutivo israelí, que considera “ilegítima, inmoral, racista y, a fin de cuentas, una absurda capitulación”.
Supervisores del Ministerio de Defensa no pudieron acceder hoy a varios de los asentamientos a los que acudieron para a entregar ordenes de cese de la construcción y vigilar si se estaban llevando a cabo obras.
En las colonias de Har Giló, Kiryat Arba y Karnei Shomron los alcaldes de la localidad encabezaron los grupos de manifestantes que impidieron la entrada a los inspectores, cuyo acceso tampoco permitieron los residentes de los asentamientos de Yakir y Revava.
Según medios israelíes, en el asentamiento de Kiryat Arbá, cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón, se produjo un primer brote de violencia con un enfrentamiento entre los colonos y los inspectores.
“Nuestro mensaje fundamental es que continuaremos construyendo y que no respetaremos este edicto ilegal y ultrajante”, aseguró Herbst, que advirtió que los colonos podrían “reaccionar con ira si continúa la provocación del Gobierno”, y anunció que “habrá sorpresas próximamente para la Administración de Netanyahu” (Benjamin, primer ministro israelí).
El jefe del Gobierno israelí anunció el pasado miércoles una moratoria de diez meses en la construcción en las colonias judías de Cisjordania con el fin de animar a los palestinos a reiniciar las negociaciones de paz.
La limitación, sin embargo, cuenta con importantes excepciones, ya que no impide la construcción en las colonias de Jerusalén Este ni la edificación de las viviendas que ya tienen puesta la cimentación (alrededor de 3.000), ni la de infraestructuras públicas como escuelas o sinagogas, unas 300 de las cuales fueron aprobadas en la última semana.
Las autoridades palestinas y organizaciones de Derechos Humanos consideran que las excepciones hacen que la medida sea insuficiente, mientras que la derecha israelí y los colonos rechazan de plano la moratoria y se niegan a dejar de expandir las colonias.
La organización derechista “Foro Legal para la Tierra de Israel” ha comenzado la lucha en el terreno jurídico y ha recurrido la orden gubernamental ante el Tribunal Supremo.
En varios asentamientos, como Neriá, Ádam o Modiin Ilit, los colonos se han apresurado estos días a echar cemento sobre el suelo para simular falsas cimentaciones y sortear así la moratoria, dijo a Efe Hagit Ofran, directora de Observación de los Asentamientos de la ONG israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora).
El Ministerio de Defensa contaba hasta ahora con tan sólo catorce inspectores para toda Cisjordania, aunque ha anunciado que triplicará esa cifra en las próximas semanas.
“Nuestra experiencia indica que hacer cumplir la ley en las colonias de Cisjordania es muy difícil”, manifestó a Efe Sarit Mijaeli, portavoz de la ONG israelí Betselem, que afirma tener “serias dudas de que sea posible imponer la moratoria”.
En la misma línea se expresó Uri Avnery, uno de los fundadores del movimiento pacifista Gush Shalom (Bloque de la Paz), que considera que “todo israelí sabe que (la moratoria) es una farsa”.
“La construcción continuará en todas partes, con los funcionarios oficiales colaborando y el Ejército cerrando los ojos. Argumentarán que los permisos de construcción ya estaban concedidos o que ya se han colocado los cimientos”, afirma el pacifista.
Michaeli considera que, incluso aunque se aplique en los próximos diez meses la moratoria, ésta es insuficiente y recuerda que “todos los asentamientos son ilegales bajo la legislación internacional y suponen una de las mayores causas de violaciones de los derechos humanos de los palestinos”.
“Israel está obligada a desmantelarlos todos y trasladar a los colonos a su territorio soberano”, sostiene, mientras que su compañero Eyal Hareuveni advierte que “hay enormes reservas de proyectos aprobados de construcción en los asentamientos” que podrían sacarse del cajón cuando acabe la moratoria.
El Estado de Israel ocupó Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania en la llamada Guerra de los Seis Días de 1967, y en la actualidad viven en suelo cisjordano cerca de 300.000 colonos judíos en más de un centenar de asentamientos.
Ana Cárdenes