Cuando la Dirección de Material Bélico (Dimabel) fue a verificar la trazabilidad de las armas asociadas a la firma registrada como casa de caza y pesca El Dorado, lo que halló en la dirección declarada fue un pequeño local de artículos de “todo por 20, 25 y 30 mil guaraníes”. En los papeles figuran como responsables la precandidata a concejal de Villa Elisa por el PLRA, Graciela Elizabeth Ledesma, y su entonces pareja, José Sixto Benítez Fernández. Ambos están imputados en el marco del Operativo Andina II.
En el 2023 se dio la primera intervención y desde entonces los registros oficiales indican que El Dorado adquirió 2.030 armas de fuego a distribuidoras legalmente habilitadas. Esas 2.030 unidades desaparecieron del sistema sin que se haya declarado nombre alguno de usuarios finales, requisito indispensable para la trazabilidad.
Aunque no se puede asegurar si el local funcionó al momento de las compras a esas distribuidoras, los investigadores señalan que pudo existir y luego cerrar. La verificación de Dimabel constató que en la dirección declarada no había una casa de armas, lo que apunta a irregularidades graves en el circuito de comercialización.
De quién compraban. Los proveedores que figuran vinculados a las compras de El Dorado incluyen a Grupo 3 S SA, Yamgo SRL, Polox SRL y Automóvil Internacional Supply (IAS). De estas, la última, IAS, es firma del empresario Diego Dirisio, quien está preso en Argentina por las acusaciones en el Operativo Dakovo, en el que las autoridades advirtieron que las armas importadas por su empresa, aun cuando entraron con documentación formal terminaron desviadas hacia el crimen organizado, en el tráfico de armas hacia Brasil.
El caso de El Dorado no es aislado, entre 2021 y 2022, la Dimabel reportó la desaparición de unas 17.000 armas de sus registros ligadas a más de 22 casas comerciales de portada. El esquema hablaba también de simulación de ventas usando personas en situación de vulnerabilidad para registrar armas en su nombre. El patrón detectado es repetido, casas comerciales de fachada o inexistentes aparecen como compradoras de lotes de armas, pero no declaran el destinatario final, dejando miles de armas fuera del control estatal.
Andina. En la Operación Andina II, seguimiento de Operación Andina realizada en 2024, detuvo a cuatro personas, en allanamientos simultáneos realizados en San Antonio y Capiatá. Dentro de lo incautado se encontró equipos de criptominería.
La operación, liderada por los fiscales Juan Ramón Sandoval y Alejandro Cardozo, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, pidió el bloqueo de cuentas bancarias de los principales imputados y elevó la causa con cargos de tráfico de armas y asociación criminal. La operación estima que se logró traficar unas 8.000 armas.
Graciela Elizabeth Ledesma fue precandidata a concejal de Villa Elisa y comisionada en la Gobernación del Departamento Central. Ledesma figuraba como funcionaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según sus declaraciones juradas, desde 2013, y fue comisionada a la Gobernación de la mano del gobernador Ricardo Estigarribia, quien levantó este beneficio dentro de la institución tras el escándalo. Ledesma permanece con prisión preventiva.
Junto a ella fueron imputados y detenidos Richar Ramón Rodríguez (46), José Sixto Benítez Fernández (37) y Willian Alberto Rodas Cáceres (32), todos señalados como coautores en la causa.
Los fiscales solicitaron, además, medidas cautelares que afecten los bienes y cuentas de los involucrados.
Caso Hobby. El mapa de irregularidades se amplía con la figura de Willian Rodas, propietario de la casa de armas Hobby, quien figura en la lista de pérdidas de Dimabel con 769 armas desaparecidas, en operaciones de 2022 a 2023. El comercio de Rodas estaba registrado en Mariano Roque Alonso, pero la verificación de 2023 determinó que en el sitio se encontraba una vivienda particular.
Los registros de compra muestran que Hobby adquirió armamento en las siguientes cantidades: Grupo 3 S SA, Automóvil Internacional Supply, Chaco Outdoors SA, Camping 44, La Tienda del Cazador y Global Hawk Defense SA. Esta última distribuidora, conocida como GHD, fue allanada por sospechas de armatráfico, señalando que 72 armas ingresadas legalmente por una importadora y comercializadas con documentación irregular, terminaron en el mercado negro.
En etapas anteriores de la Operación Andina ya se habían identificado importadoras y casas comerciales con funcionamiento irregular: Carros Vía Chile y Global Hawk Defense SA aparecen en los legajos, y en procedimientos anteriores se detectó a comercios como Santa Rosa de Lima –cuyo propietario resultó ser un cuidacoches– y la casa 19 de Marzo.
Los fiscales sostienen que la mecánica era de manual: Importaciones y ventas aparentemente legítimas que, por fallas en la verificación o por uso de empresas de fachada, derivaban en la ausencia de usuarios finales registrados, y de ahí al mercado ilegal. En la frontera sur y en redes transnacionales, esas armas habrían sido utilizadas por organizaciones delictivas en Brasil, alimentando la violencia regional en favor del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV)
Las investigaciones sobre tráfico de armas hablan de un mismo esquema de distribuidoras de venta legal a casas comerciales de fachada. Hasta el momento, entre las empresas implicadas se allanaron tres distribuidoras, Internacional Auto Movil Suplly (Operativo Dakovo), Carros Vía Chile y Global Hawk Defense SA (Operación Andina), representantes de casas de pesca, y continúa latente el rastro de financistas o contactos determinantes para el paso de estas armas al mercado negro, principalmente del Brasil, hipótesis que se sostiene por las armas con sello paraguayo que fueron encontradas en poder del crimen organizado en el vecino país.
