Es un documento extenso de más de 1.500 páginas que terminará con el veto del Poder Ejecutivo.
La propuesta legislativa tendría un costo de USD 940 millones y contempla pagos a 15.000 personas y podría repercutir en la eliminación de royalties y Fonacide por al menos dos años.
Prevé una compensación y beneficios a ex trabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras.
El jefe de Gabinete, Hernán Huttemann, había adelantado que el presidente Mario Abdo Benítez vetará la ley sancionada por el Congreso debido a las implicancias que podría generar.
Consideró que podría ser el puntapié inicial de otros proyectos que impongan a una entidad binacional el pago de ciertas deudas. “Es un poco complicado ir por esta vía y es jurídicamente incorrecto”, sostuvo.
desalojo. Por otra parte, el presidente de la República había promulgado la Ley 6979 que modifica y amplía el artículo 621 de la Ley Nº 1337/1998 del Código Procesal Civil.
Quedó redactado consignando que el juicio de desalojo procederá contra el locatario, sublocatario o cualquier ocupante precario cuya obligación de restituir un inmueble o parte de él fuere exigible.
El juicio no procederá cuando la demanda sea dirigida contra ascendientes de tercera edad o personas con discapacidad cuyo deber legal de prestar alimentos sea atribuible al actor o propietario del inmueble respectivo y produjera con el desahucio un estado de vulnerabilidad o abandono grave. Podrá ser probado en cualquier estado del proceso de los trámites.