En varios artículos anteriores hemos insistido en la necesidad de esta reforma. En los últimos 15 años las finanzas públicas fueron manejadas ordenadamente a nivel macroeconómico, pero no hemos tenido el mismo éxito en la asignación de los recursos públicos de manera racional y eficiente a nivel microeconómico. Por ello, si bien entre el 2003 y el 2018 los ingresos fiscales aumentaron en USD 4.700 millones anuales gracias a la reforma tributaria del 2004 y el posterior crecimiento económico impulsado por el boom del precio de los commodities, el 93% de estos recursos adicionales fueron asignados a sufragar gastos corrientes, salarios y programas de transferencias.
El manejo discrecional y desordenado del empleo público es el principal factor que nos ha llevado a tener una gran parte del funcionariado público como incompetente para gestionar y realizar sus funciones, afectando negativamente la calidad de los servicios públicos. Además, el costo se ha incrementado sustancialmente hasta el punto en que las remuneraciones del sector público superan casi en un 100% a las del sector privado. Como resultado tenemos un Estado incompetente, con malos servicios públicos y de alto costo para la ciudadanía. Todo esto se ha notado con claridad en estos meses de pandemia.
Por eso la importancia de este proyecto de Ley. Algunos de los aspectos fundamentales son la universalidad de su ámbito de aplicación a toda la estructura del Estado, incluidos los poderes del Estado y las municipalidades, para homogeneizar y ordenar la gestión de todo el funcionariado público. En este sentido, se incorpora la obligatoriedad de planificación de la fuerza laboral para cada institución en el proceso presupuestario y establece que el Ministerio de Hacienda es el responsable de la política de remuneraciones de todo el sector público para definir criterios de valoración de cargos y de reajustes salariales. Además, se crea la Subsecretaría de la Función Pública dependiente del Ministerio de Hacienda para asegurar el cumplimiento y garantizar un manejo técnico, además de relacionarla directamente con la planificación y gestión presupuestaria.
Por otro lado, se reglamenta el Servicio Civil, con el establecimiento de un régimen meritocrático para el acceso, permanencia y el desarrollo de una carrera; con la obligatoriedad de concursos públicos, de evaluaciones de desempeño y el establecimiento de un periodo de prueba de 6 meses y uno de evaluación de 4 años para ser confirmado como funcionario público con derecho a la estabilidad laboral. Además, establece la fijación de objetivos medibles como mecanismo para la evaluación y gestión del desempeño, así como sistemas de capacitación continua de los funcionarios.
Sin embargo, sigue siendo necesario vincular las evaluaciones de desempeño como causal de terminación del contrato para funcionarios con estabilidad y además, poner limitaciones más específicas respecto a los contratados, otra fuente histórica de desorden. No existen razones justificadas para que el Estado tenga contratados temporales, a excepción de aquellos por la naturaleza del trabajo (censos, elecciones, etc.). Hoy hay un gran número de contratados cumpliendo tareas permanentes y es necesario un plan para su eliminación gradual.
Si bien regirá solo para nuevos funcionarios, una buena ley correctamente implementada puede reemplazar la dinámica histórica de nepotismo y el clientelismo, por otra basada en la meritocracia y así, permitir a nuestro país contar con una burocracia competente y eficiente que redundará en una sustancial mejora de la capacidad del Estado para responder a la demanda de mejores servicios públicos por parte de la ciudadanía en los próximos años. Su aprobación está en manos del Congreso.
