Editorial

Lentitud de la Corte favorece la impunidad en el caso Rivas

Casi nueve meses tardó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en destrabar a medias el caso del diputado colorado cartista Tomás Éver Rivas, imputado por estafa y cobro indebido de honorarios, al haber pagado a sus caseros con dinero público, a quienes hizo figurar como funcionarios del Congreso Nacional. La instancia judicial rechazó una recusación contra el ministro Luis Benítez Riera, dando ahora vía libre para que se estudie un pedido para que se aparten del caso los camaristas Carlos Ortiz y Arnulfo Arias. Una vez que se resuelva esto, se deberá analizar si es válida la comunicación del pedido de desafuero para que se procese al legislador imputado. Es una muestra más de lo engorrosa y lenta que es la Justicia, favoreciendo de este modo la impunidad.

A partir del 22 de febrero de 2017, periodistas de este diario publicaron una serie de reportajes de investigación sobre tres personas que figuraban como contratadas en la Cámara Baja, pero que en realidad trabajaban en comercios y viviendas del diputado colorado por Paraguarí Tomas Éver Rivas Benítez.

A través de videos y fotografías, se evidenció que uno de los implicados era en realidad empleado de un comercio familiar en Ybycuí; otro era casero en una residencia de Rivas, ubicada en Lambaré, y otro estaba en su quinta en el Departamento de Paraguarí.

Nery Antonio Franco González figuraba como funcionario de la Cámara de Diputados desde octubre del 2016, con un salario mensual de G. 3.000.000, pero trabajaba a tiempo completo en el comercio familiar del diputado Rivas. Reinaldo Chaparro Penayo aparecía en la nómina de funcionarios de Diputados, donde ingresó como contratado en el 2013. Cobraba un salario mensual de G. 2.000.000, pero cumplía labores en una residencia de la familia del parlamentario, en Lambaré. Lucio Romero Caballero era el capataz de una estancia de Rivas en el distrito de Mbuyapey, en Paraguarí, mientras cobraba mensualmente en la Cámara Baja un salario de G. 2.000.000.

El caso era muy similar al que pesaba sobre otro parlamentario colorado, el diputado José María Ibáñez y sus caseros de oro, quien finalmente admitió su culpa ante la Justicia y fue obligado a renunciar a su cargo ante las denuncias y las movilizaciones ciudadanas. Sin embargo, Rivas aún no fue privado de sus fueros por sus colegas, a pesar de estar imputado, y dilata el caso en los Tribunales mediante chicanas presentadas por sus abogados.

En esta última etapa, su caso permaneció paralizado durante casi nueve meses ante la lentitud de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en resolver una recusación contra el ministro Luis Benítez Riera. Ahora el caso se destrabó a medias, al rechazar la recusación y dar vía libre para que se estudie un pedido de que se aparten del caso los camaristas Carlos Ortiz y Arnulfo Arias. Recién una vez que se resuelva esto, se deberá analizar si es válida la comunicación del pedido de desafuero para que se procese al legislador por estafa y cobro indebido de honorarios.

Con este caso, las autoridades del Poder Judicial están dando una muestra más de lo engorrosa y lenta que es la Justicia, favoreciendo de este modo la impunidad ante las denuncias de corrupción, a lo que se suma la complicidad corporativa en el Poder Legislativo.

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