Al ser consultado, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, evitó responder, tanto a llamadas como a mensajes. En su poder está la norma que debe ser informada al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
El proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 del Código de Organización Judicial tuvo sanción en setiembre y fue iniciativa del contralor Camilo Benítez. La norma elimina la potestad del Tribunal de Cuentas de recibir la rendición de gastos de las instituciones, evitando de esta manera los controles de la Contraloría.
La ley tuvo que ser creada debido a que un centenar de entes, entre ellos, la misma Fiscalía, la Corte y la Justicia Electoral enviaban sus informes de gastos al Tribunal de Cuentas para saltarse a la Contraloría mediante una acción de inconstitucionalidad y lograban blanquear su ejecución del presupuesto, pero ahora está siendo retenida, en poder del presidente de Diputados.
La senadora del Partido Encuentro Nacional Kattya González manifestó que se necesita de voluntad política para mejorar los controles.
“Es nefasto porque se prometió transparencia, que se iba a terminar esa era y la verdad es que no solo la Corte podría dar un cambio de criterio sino la propia Contraloría buscar ingresar a las instituciones públicas”, opinó Kattya.
Igualmente, sostuvo que el Tribunal de Cuentas nunca realizó un examen de correspondencia porque no tienen funcionarios y tienen muchos expedientes, que es lo que suelen alegar. “Es la jugada perfecta, a veces lo hacen por complicidad y otras por desconfianza ante su silencio que uno podría recurrir ahí y pagar una suma de dinero que finalmente nos exima de control”, manifestó.
Entre los orígenes de esta irregularidad, indicó la senadora, se encuentra Antonio Fretes, ex ministro de la Corte, quien abrió las puertas a las demás instituciones mediante una acción de inconstitucionalidad para que la Contraloría no ingrese a la máxima instancia judicial y por tanto, a las demás que recurran a esta estrategia.
“Es un tema que se lleva a una valoración inconstitucional por parte de la Corte donde Antonio Fretes realiza un pedido para eximir de control a la propia Corte, a partir de ahí se abre una ventana y muchas instituciones recurren a esa acción de inconstitucionalidad, interpretando un artículo del Código de Organización Judicial, dejarle al Tribunal la competencia de juzgar las cuentas y gastos cuando la Constitución estable que la Contraloría es el órgano de control”, recalcó.
Con este retraso, el oficialismo da más poder al Tribunal de Cuentas, para que siga manejando las rendiciones de los gastos del presupuesto público.
Esta semana, César Emilio Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte, César Diesel, fue electo en el cargo de juez del Tribunal de Cuentas, pese a su bajo puntaje y a estar afiliado al Partido Colorado, incumpliendo con el artículo 238 del Código de Organización Judicial.
Uno de los problemas que señalan los críticos y proyectistas es que las resoluciones del Tribunal de Cuentas ingresan como cosa juzgada en el ámbito jurídico. Por ejemplo, la Fiscalía imputó a Ramón Jiménez Gaona por el caso metrobús, pero el Tribunal de Cuentas ya había aprobado su gestión, por tanto, no podrá juzgarse un hecho dos veces.
