Opinión

Las zapatillas del Estado

Luis Bareiro – @LuisBareiro

Si montás una empresa para fabricar zapatillas contratarás empleados en función de lo que querés producir, y de acuerdo con el capital que tenés y la estimación de cuánta plata te generará el negocio. No emplearás gente que nada sepa de fabricar zapatillas solo porque sean tus amigos, parientes o hinchas de tu club deportivo.

Tampoco contratarás más gente de la que tus potenciales ganancias te permitan financiar. No se trata de que seas buena o mala persona, sencillamente, el objetivo de tu empresa es producir un bien que el consumidor compre generándote ganancias. Tu interés es personal, pero provoca una externalidad social positiva, crea puestos de trabajo.

En periodos de recesión económica, si a más de tu legítimo interés de ganar dinero sos de los pocos que consideran que la vida comunitaria conlleva una determina responsabilidad social, intentarás no despedir gente. En tanto dure la malaria, sin embargo, jamás se te ocurrirá contratar más funcionarios ni aumentar el salario de quienes ya están en planilla, salvo casos excepcionales.

Lamentablemente, esta lógica no funciona en el Estado. Obviamente, hay una diferencia radical entre una empresa privada y una institución pública. La razón de ser de una empresa privada es generar ganancias para sus propietarios; en pos de ese objetivo produce (no siempre) dos efectos colaterales positivos: satisface cierta necesidad de la gente (real o inventada) y crea puestos de trabajo. No hay altruismo en su acción; esos empleos se cotizan y mantienen en función a los otros dos factores, que permitan satisfacer a los clientes, y que, en definitiva, generen ganancias para los propietarios.

Por el contrario, la única razón de ser del Estado es satisfacer las necesidades de los ciudadanos. La creación de empleos públicos es un efecto colateral; por lo tanto, su cotización (cuánto se les paga), su número y vigencia deben estar en función de ese objetivo; la satisfacción de determinada necesidad pública (salud, educación, seguridad o infraestructura). El sujeto principal en la ecuación es el dueño de la institución, el ciudadano que paga sus impuestos, no el empleado ni el administrador de turno.

El modelo político prebendario, sin embargo, alteró el orden. El aparato público no se montó para satisfacer una determinada necesidad, ni se contrataron empleados de acuerdo con sus capacidades y según cómo estas permitieran cubrir esa necesidad. La necesidad pública fue solo la excusa para crear instituciones que pudieran contratar gente, y esas contrataciones respondieron a otro objetivo: repartir cargos públicos entre correligionarios, amigos o parientes de los administradores de turno, administradores que alcanzaron el puesto gracias precisamente a esa masa de correligionarios, amigos y parientes que se traducen en un determinado caudal de votos.

Esta perversión anarquizó profundamente la cotización de los cargos. Los salarios públicos no guardan relación con su nivel de importancia para satisfacer necesidades públicas ni con el grado de formación o el nivel de resultados obtenidos por el funcionario que ocupa coyunturalmente el cargo, sino con cuestiones tan arbitrarias como sus relaciones político-familiares o la capacidad de presión del sindicato al que pertenece.

Hoy, esa masa de contratados (son más de 300.000) ya ni siquiera responden a los intereses de la clase política que les dio vida. Ellos presionan por sus propios intereses y tienen la capacidad de paralizar instituciones del Estado. Ya no importa en absoluto si determinados cargos cumplen o no una función importante para el ciudadano, ni si el funcionario genera o no algún resultado para el contribuyente. Tampoco les preocupa que haya una recesión ni que caigan los ingresos públicos.

En pleno desplome económico, llueven los reclamos de aumentos de salario bajo la figura de ajuste o equiparación. Puede que muchos reclamos sean justos, pero ninguno viene acompañado siquiera de un plan de reforma ni de revisión de resultados de la entidad.

Nos convertimos en accionistas esclavos de una fábrica, cuyo único fin es pagar con nuestros impuestos los sueldos de sus empleados. Si producen o no zapatillas, o si estas le sirven a alguien, pasó a ser irrelevante.

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