A raíz de la polémica y ola de rechazos de la pasada semana, la medida fue flexibilizada en parte y pidieron a los progenitores cancelar si tienen el registro vencido para su reincorporación a los beneficios de salud o si los tienen, no deben superar los 2 salarios mínimos (unos casi G. 4.400.000), los cónyuges quedan fuera sin excepción. Hasta el momento poco más de 300 personas fueron rehabilitadas, aunque la SET sostenga contrariamente que todo quedó en fojas cero.
La situación alcanza a padres, madres, esposas, esposos e hijos.
El argumento principal que sostiene el IPS para mantenerse duro en la acción es que de esta manera ahorra US$ 7 millones a los fondos de la institución. Se ampara en lo que establece la ley, que en la práctica no es clara y su aplicación es discutible.
La rigidez de las autoridades del IPS en querer ahorrar dinero al ente a costa de la salud de una mayoritaria población de la tercera edad y de niños y mujeres contradice su displicencia con las empresas empleadoras que evaden el seguro social –a través de diversas modalidades y mecanismos–, en un porcentaje que supera el 50%.
Llama la atención que el IPS no exija ni persiga a los patrones que no aseguran a sus trabajadores o que cotizan lo mínimo sobre importantes salarios mensuales o adeudan al sistema décadas sin cancelar su morosidad, bicicleteando y afectando al derecho del asegurado. Sus mecanismos de control y fiscalización se muestran indolentes y ciegos ante violaciones flagrantes de muchos empleadores a la Carta Orgánica de la previsional. Tampoco hay tal rigurosidad para recuperar el dinero prestado a sectores empresariales e industriales, ya sea en salvataje, crédito blando o exoneraciones financiadas. En estos ámbitos es donde el IPS puede y debe, realmente, reingresar el triple de lo que dice ahorrará a costa de la dolencia de beneficiarios de asegurados.
El control que ambas instituciones ejercen, en todo caso debe ser meticulosa y analizando caso por caso para evitar injusticias. Los cortes a mansalva solo perjudican a una gran mayoría que no tiene condiciones reales.
Es muy fácil alegar que si están percibiendo un ingreso, no deberían seguir en el seguro como beneficiario. Resulta que es un derecho que la propia ley establece. El IPS es uno de los sistemas basados en el modelo solidario que tiene justamente como filosofía fundacional el de cobertura universal y extensiva a padres, esposos y descendencia. ¿Por qué las autoridades quieren dañar a los eslabones más débiles y desprotegidos; y en contrapartida protege, hasta con impunidad, a los evasores con mucho poder económico?
Es importante recordar que la previsional es un ente mixto, sostenido con aporte de trabajadores y empleadores, donde el Estado tiene un minúsculo aporte que hace décadas adeuda sin ruborizarse, provocando a estas alturas una merma económica voluminosa al sistema de seguro de salud y de jubilación.
La SET y el IPS juegan al policía bueno y al malo. Todo es una puesta de conveniencia para los poderosos. En el fondo ambos organismos están de acuerdo con dejar sin cobertura de salud a los beneficiarios del seguro que tienen RUC. En ese proceso mienten y encubren información. Dicho de modo claro y llano, no les importa lo que pase con la gente.
El IPS, antes que perseguir beneficiarios, debería más bien reabastecer el sistema de salud y no engañar a los asegurados aportantes con paracetamol y diclofenac porque no adquiere medicamentos que está obligado a cubrir conforme al vademécum médico.
