Editorial

Las leyes ambientales están para ser acatadas, no violadas

El principio constitucional de que el interés particular no puede estar por encima del interés general se pisotea gravemente cuando los productores no respetan las leyes ambientales y, al fumigar sus plantaciones, exponen a las personas a los plaguicidas. Las normas son letra muerta, pese a las voces de protesta que reiteradamente se escuchan tanto por parte de los afectados como de organizaciones. Una alta funcionaria del Banco Mundial acaba de constatar la violación de las exigencias que rigen en materia de uso de agroquímicos. Es necesario que a partir de las evidencias el Gobierno tome cartas en el asunto y proteja con eficacia a los ciudadanos.

El artículo 128 de la Carta Magna dice que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”. Expresa, además, en su artículo 4, que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana”, precisando en su artículo 7 que “toda persona tiene derecho habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”.

Esos principios son los que dentro de la vida nacional rigen la hoja de ruta en materia ambiental: nadie, con el argumento de ganar dinero, puede atropellar el derecho a la salud y a la vida en un ambiente sano de aquellos que viven en el área de influencia de plantaciones de soja. No es ninguna novedad que los poderosos económicamente –a menudo también políticamente, o contando con el apoyo de autoridades que en vez de defender a los ciudadanos los abandonan en su desgracia– abusan de su poder sin respetar las normas ambientales diseñadas para proteger a los que pueden sufrir el impacto de agresiones a su hábitat tradicional.

La Ley 3742 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola” establece las reglas para los que fumigan plantaciones de soja y otros cultivos en áreas donde hay viviendas, escuelas, canchas, centros de salud y otros lugares con presencia de personas. Si bien sus disposiciones no garantizan la seguridad plena, al menos establece las bases para que los agroquímicos no causen daños a los pobladores de determinados puntos del país.

Señala, por ejemplo, que entre un cultivo de soja y la comunidad colindante debe existir un muro verde de al menos cinco metros de ancho por dos de alto. Si tal protección no existiere, se estipulan 50 metros de espacio libre entre la siembra a fumigarse y el poblado contiguo. Además, que entre los cursos de agua –que tienen que estar resguardados por una vegetación aledaña– debe existir un terreno de 100 metros.

No todos los que producen la oleaginosa respetan esas franjas de seguridad elementales. Demostrando un desinterés hacia la vida y los bienes de las personas, dejan que el rociado alcance a las comunidades y afecten a los cursos hídricos con los consecuentes daños inmediatos y a largo plazo que ocasionan.

Una alta funcionaria del Banco Mundial acaba de corroborar lo que no es ninguna novedad en el Paraguay: aquí se ignoran las leyes ambientales. Aún cuando desde los intereses creados y desde instancias gubernamentales, incluso, hay un intento de minimizar los alcances del perjuicio que ocasionan los venenos diseminados en el ambiente, hay estudios de indudable seriedad que sostienen lo contrario.

Es de esperar que la constatación sirva para llamar la atención a un Gobierno que abandona a los desamparados a su desgracia. Y que a partir de ello cambie de actitud. Los organismos del Estado están para defender los intereses generales de los ciudadanos y del país, no para amparar a violadores de las leyes ambientales.

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