“¿Qué nos pasa como sociedad para soportar estoicamente tantos abusos?” es la pregunta que se formula la abogada y activista Esther Roa sobre los datos desvelados por ÚH sobre los elevados salarios en las binacionales, el cobro de millonarias sumas y otros privilegios. Se debe entender que Itaipú y Yacyretá son entidades estratégicas, no la caja chica del Partido Colorado.
Si seguimos la serie de investigación periodística publicada en Última Hora sobre los millonarios y escandalosos salarios en las binacionales, Itaipú y Yacyretá, debemos exclamar como el Marcelo, de Hamlet, que, definitivamente, “algo huele mal en Dinamarca”.
Este es un verdadero festival de repartijas de dinero público en ambas binacionales. Se desarrolla y crece impune, a pesar del discurso oficial de que el país debe entrar urgentemente en una “economía de guerra”.
ÚH logró desencriptar las planillas de salarios para constatar que casi un centenar de funcionarios ganan más que el propio presidente de la República, Santiago Peña.
Así, en Yacyretá fue posible individualizar a al menos 92 trabajadores que ganan más que el primer mandatario; es decir, más de G. 37.908.800. En cuanto a Itaipú, 109 funcionarios ganan más que Peña.
Uno de los casos más llamativos es el de la directora jurídica ejecutiva Iris Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio Beto Ovelar, quien gana G. 156.517.106 (4 veces más que Santiago Peña): Salario básico de G. 53.330.600 + gratificación de G. 103.186.506.
En segundo lugar, quedó el director general paraguayo de la EBY, Justo Zacarías Irún, con un honorario de G. 106.871.738, monto que se quintuplica a fin de año, con el aguinaldo, contrato colectivo, vacaciones y PL, según detalla en su declaración jurada de 2023, además de cobrar mensualmente una jubilación como ex diputado, que es de G. 32.774.840.
En cuanto al tercer lugar hay datos interesantes. Aquí se encuentran los directores de área que ganan un honorario total de G. 103.186.506 cada uno, como el director técnico Hugo Osvaldo Zárate Chávez; el director de Coordinación Ejecutiva, Julio Rodrigo Paredes Duarte (apoderado general de la ANR); el director financiero, Rafael Demetrio Lara Valenzuela, y el director administrativo ejecutivo, Justino Óscar Abrahan Caballero (apoderado general de la ANR).
Una de las cuestiones que huelen mal en Paraguay es la alevosía con la que se fue construyendo y consolidando el derecho de un partido político a copar las instituciones.
Como desveló la investigación periodística, en la planilla de la binacional Yacyretá hay 1.865 funcionarios en total, que perciben cada mes la suma de G. 44.694.282.612 (USD 7.208.755 al cambio actual), todo esto en concepto de salarios básicos más bonificaciones.
En la misma planilla salarial se observan otros datos llamativos; por ejemplo, en la lista de los 100 mejor pagados de Yacyretá, 95 de ellos votaron en las elecciones partidarias de la ANR en los últimos años. Y un dato final, entre los 100 mejor pagados hay 14 funcionarios sin título universitario, según documentos oficiales del Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República.
Por otra parte, queda una sensación a traición cuando los políticos comienzan a resguardarse tras sus argumentos para justificar una situación tan injusta como escandalosa.
Porque mientras al paraguayo común le hacen esperar meses para una operación en un hospital público o la suspenden por falta de medicamentos e insumos, los correligionarios pueden seguir cobrando sus millones tan solo por ser parte de un partido o una familia.
Recientemente, el líder del movimiento Honor Colorado defendió los privilegios cuando valoró el papel del presidente del Congreso, Basilio Núñez, quien se había erigido en un gran defensor de Yacyretá, en medio de las publicaciones sobre los salarios millonarios. Y usó otro débil argumento de que otros gobiernos aumentaron la cantidad de funcionarios de las binacionales, cuando es sabido que la ANR lleva más de 70 años en el Gobierno, lo que se impone sobre los más de cuatro años de gobierno de Fernando Lugo, quien dejó el cargo vía juicio político en el 2012.
Frente a tanta impunidad, cabe hacerse la misma pregunta que formula la abogada y activista anticorrupción Esther Roa: “¿Qué nos pasa como sociedad para soportar estoicamente tantos abusos?”.
