Opinión

La tarifa social de la ANDE

El presidente del PLRA, Efraín Alegre, ha anunciado que presentará un proyecto de ley de subsidio a la tarifa de energía eléctrica y dará instrucciones a sus parlamentarios para acompañar la aprobación. Paralelamente, el gobierno de Mario Abdo Benítez está preparando un proyecto de ley de modificación y ampliación del programa de tarifa social de energía eléctrica, actualmente vigente.

Ambas ideas, mal o populistamente implementadas, pueden tener consecuencias muy negativas para la provisión de este servicio básico tan importante para la ciudadanía en general.

El primer punto a considerar es que la producción y distribución de energía tiene un costo económico que debe ser cubierto adecuadamente por la tarifa de la ANDE para que ella pueda seguir entregando energía en tiempo y forma a los usuarios en todo el territorio nacional.

Las fuentes principales de producción de energía son las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá. En el año 2018, la ANDE compró energía de estas empresas a un costo promedio de USD 26,5 por MW. Este costo de compra irá cambiando en los próximos años. Por ejemplo, el recientemente aprobado Anexo C del Tratado de Yacyretá implica un costo de aproximadamente USD 36 por MWh para la ANDE. Por otro lado, según nuestras estimaciones, el costo de la energía de Itaipú se reducirá a partir del año 2023 a un valor aproximado de USD 16 por MWh en promedio si se mantienen los costos de royalties según el régimen actual. Itaipú es la fuente de energía más barata y para la ANDE es posible mantener la tarifa actual al usuario, en la medida en que la cotización del dólar no se incremente sustancialmente, hasta que utilicemos totalmente la energía paraguaya en Itaipú. A partir de allí, la tarifa deberá reflejar el costo promedio que implique la compra cada vez mayor de energía de Yacyretá y de otras fuentes de energía que deberán ser desarrolladas en la próxima década para abastecer la demanda nacional.

Adicionalmente, los costos de transmisión, distribución, pérdida de energía y de administración, así como los costos financieros representaron aproximadamente USD 38 por MWh facturado y es necesario además un margen de ganancia razonable que permita a la ANDE seguir invirtiendo en infraestructura para satisfacer la creciente demanda que enfrenta anualmente.

El segundo factor a tener en cuenta es que es socialmente deseable garantizar el acceso a la energía eléctrica a los segmentos más vulnerables de la población, considerando que actualmente es un insumo fundamental para el bienestar y la calidad de vida de las personas.

En este sentido, está vigente la tarifa social de energía eléctrica, aprobada por Ley 3480/08, correctamente financiada con recursos generales del Tesoro Público que alcanza a alrededor de 300.000 usuarios de la ANDE en todo el país y que implica un subsidio del 75% de la tarifa para usuarios que consumen hasta 100 kW/h por mes; del 50% para aquellos que consumen hasta 200 kW/h por mes y del 25% para aquellos que consumen hasta 300 kW/h por mes.

Es necesaria una evaluación seria y responsable del impacto que ha tenido esta ley y con base en ella plantear las modificaciones necesarias para mejorar su efectividad optimizando el costo para los contribuyentes. Estos cambios pueden consistir en redefinir el nivel de consumo de energía para un estándar de vida razonable, los criterios de selección para mejorar su focalización y las instituciones encargadas de certificar los beneficiarios, la determinación de las fuentes óptimas de financiamiento para garantizar su sostenibilidad, etcétera.

Una evaluación y actualización de la tarifa social como mecanismo de subsidios focalizados hacia la población en situación de pobreza y pobreza extrema que garantice el acceso al servicio de energía eléctrica sería la manera más responsable de avanzar hacia una mayor efectividad de esta política pública para mejorar el bienestar de la gente.

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