En un tono apocalíptico, hablan de la agonía de la soberanía nacional, herida de muerte por las acciones anunciadas por el representante diplomático del imperio. Para mi propia sorpresa, comparto su preocupación, aunque con una sutil diferencia.
El embajador anunció que el Departamento del Tesoro de su país (Hacienda) ha incluido al ex presidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente Hugo Velázquez en la lista de personas físicas y jurídicas que no pueden realizar operaciones comerciales y financieras con empresas y ciudadanos estadounidenses. Ya antes, el Departamento de Estado (Interior) les había prohibido el ingreso a su territorio, negándoles la visa de por vida.
La razón; ambos son considerados significativamente corruptos. En el caso de Cartes, el gobierno estadounidense afirma, entre otras cosas, que el empresario tabacalero pagó sobresueldos de entre cinco mil y cincuenta mil dólares a legisladores; antes, durante y después de su mandato, para asegurarse leyes y políticas afines a sus intereses. Asegura que hizo lo mismo con otros funcionarios del Estado, y que antes pagó hasta diez mil dólares a correligionarios de su partido para modificar los estatutos y así poder ser candidato presidencial.
De acuerdo con el relato, Cartes hizo todo eso para llegar al poder, mantenerse y proteger desde allí sus negocios ilícitos (fundamentalmente, el contrabando de cigarrillos). Con respecto a Velázquez, básicamente lo acusan de tráfico de influencias, de ofrecer sus servicios al mejor postor.
En ambos casos hay un elemento común: El Hezbollah, el partido chiita libanés calificado como organización terrorista por Estados Unidos. De acuerdo con instituciones de seguridad de la región, Hezbollah opera en la Triple Frontera, obteniendo financiamiento mediante el tráfico de armas, drogas y cigarrillos. Según el gobierno estadounidense, miembros de Hezbollah se reunieron en Paraguay con representantes políticos de Cartes y Velázquez y aceptaron pagar sobornos y suscribir acuerdos comerciales a cambio, entre otras cosas, de discutir la aplicación de la ley.
Conviene recordar que, mucho antes de ser legislador y luego vicepresidente, Velázquez fue fiscal general adjunto en la zona donde operaban los presuntos financistas del Hezbollah; y Cartes es el mayor productor de cigarrillos de la Triple Frontera.
Para la Casa Blanca, la información obtenida sobre ambos –y corroborada, según el embajador– fue suficiente para aplicarles las sanciones contempladas en su legislación, leyes de cumplimiento obligatorio en su territorio, e incluso fuera de él, para sus ciudadanos y sus empresas.
¿Supone esto un atentado contra la soberanía nacional paraguaya? En absoluto. Bajo nuestra Constitución y nuestras leyes, Cartes y Velázquez siguen gozando en Paraguay de todos sus derechos. Pueden operar con cualquier otra moneda que no sea el dólar y trabajar con cualquier banco o compañía no vinculada con ciudadanos o empresas estadounidenses. Y si se sienten agraviados por las decisiones norteamericanas, pueden perfectamente ir allá y litigar ante sus tribunales, incluso contra su gobierno.
El relato del embajador, empero, sí contiene elementos que ponen en duda la soberanía paraguaya. Me explico. La soberanía nacional es la autoridad política suprema que, en una democracia, reside en el pueblo y se ejerce a través de los órganos que lo representan. La soberanía nacional se pierde cuando quienes integran esos órganos responden a los intereses de una persona o de un grupo en particular y no a los de sus representados.
Si hay legisladores y funcionarios que reciben ilegalmente un sobresueldo, dejan de ser representantes del pueblo y la autoridad se traslada a quien les paga. El soberano pasa a ser el financista, el corrupto de turno.
Si fiscales o jueces actúan según los intereses de quienes los eligieron o los mantienen en el cargo, o de quienes les pagan por sus acciones o fallos y no de acuerdo con la ley, el estado de derecho es letra muerta.
En Paraguay, la soberanía y el estado de derecho se pierden por lo que hacen o dejan de hacer nuestros representantes y funcionarios, no por una conferencia de prensa.
