Apuntar a la solución por la vía del cambio de hombres al frente de los organismos de seguridad es un error. Está comprobado suficientemente que la incidencia de las personas en estructuras corrompidas por dentro, con claques que amparan a los malvivientes e, incluso, hasta participan de actos delictivos, es mínima.
El objetivo de los políticos –si realmente quieren hacer algo en beneficio de la nación y no simplemente sacar jugosas tajadas de sus posiciones de privilegio en el andamiaje del poder– debe ser el logro de un cambio profundo que no solo abarque lo específico institucional sino a la sociedad en conjunto.
Por la magnitud del desafío es obvio que no se lo podrá hacer de un plumazo. Tiene que responder a una política que incluya un cronograma de limpieza de las instituciones y de mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Es obvio que si hay mayor equidad en el acceso a la educación, mejores niveles de salud pública y privada, trabajo para la mayoría, justicia verdadera y, en síntesis, mayores oportunidades para todos, se eliminarán algunas de las causas fundamentales que conducen a la delincuencia.
Mientras la pobreza sea el látigo que golpea la espalda de casi la mitad de la población, con todo lo que esa situación social implica, se agregarán más marginales al torrente de la vida cotidiana.
La capital, en los últimos años, vio la irrupción de modalidades delictivas que solo se veían en las películas o en las grandes urbes del mundo. Hoy en día esos fenómenos nacidos en el caldo de cultivo de la miseria están a la vuelta de la esquina, anclada junto al ajetreo y al trajín por la supervivencia.
La persistencia de prácticas delictivas tradicionales, a las que se añaden las nuevas estrategias de amenaza a los ciudadanos, exige respuestas creativas con participación de los que potencialmente pueden ser víctimas de los ataques de los malvivientes.
Los secuestros –como los ocurridos en los primeros meses de este año, el último con desenlace en la semana pasada– asaltos, robos, hurtos, asesinatos y otras formas de violación de las leyes irán en aumento como lo demuestran los últimos relevamientos de datos si es que los tres poderes del Estado, junto a toda la sociedad, no aúnan esfuerzos e inteligencias para proyectar un plan de seguridad efectivo.
Las tareas a corto, mediano y largo plazo deben pertenecer a una planificación que no esté supeditada a los vaivenes políticos. El interés primordial será disminuir los índices de criminalidad para que la gente se sienta segura en su casa y fuera de ella en todo momento. Las personas tienen derecho a esa forma de bienestar.