Por Carlos Marcelo Aquino
SAN PEDRO
Con una orden judicial de por medio, una comitiva encabezada por fiscales ambientales ingresó ayer a la propiedad de 1.000 hectáreas perteneciente al brasiguayo Tranquilo Favero, donde se comprobó que no cumple con varias normas ambientales.
Las disposiciones violentadas incluyen la falta de barrera de protección, pese a que linda con una población, tampoco cuenta con licencia ambiental ni con reservas de bosques, como exige la ley.
Tranquilo Favero ya había sido notificado en octubre pasado sobre esta situación. Sin embargo, hasta el momento no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas y, según los técnicos de la Seam, se expone a fuertes sanciones e incluso no se descarta el inicio de un proceso penal.
Inmediatamente la comitiva dispuso la destrucción del cultivo de la oleaginosa sobre la franja de 100 metros, según establece la ley ambiental.
“Comprobamos que no cumple con las leyes, por lo que ahora inmediatamente se están destruyendo los 100 metros hasta el lindero”, recalcó el fiscal adjunto del Medio Ambiente, Ricardo Merlo.
IMPOSIBLE. El abogado de la empresa, Gabriel Portillo, argumentó que no cumplieron con las disposiciones porque los campesinos de la zona no se lo permiten. “Intentamos varias veces cumplir con las indicaciones técnicas, pero cuando los trabajadores vienen al lugar, los campesinos impiden cualquier actividad”, justificó.
Asimismo, el letrado señaló que la denuncia de los campesinos es fantasiosa, refiriéndose a la posible existencia de personas con problemas de piel. “Es mentira”, indicó.
Sin embargo, los técnicos y los mismos empleados de la empresa utilizaron guantes, tapabocas y cascos para ingresar al depósito de químicos, lo cual significa que es peligroso el producto utilizado para el rociado.
ACOMPAÑAMIENTO. Los campesinos -que estuvieron observando el procedimiento- denuncian que a causa de la fumigación ya se produjeron muertes de pobladores. Insisten en que llevan cuatro años denunciando las irregularidades, pero que ninguna autoridad los escuchó hasta ahora.
En las proximidades de la propiedad de Favero en Santa Rosa del Aguaray habitan unas 130 familias de campesinos, que aprovecharon la presencia de intervinientes para hacerse sentir.
Enumeraron las irregularidades en las que supuestamente incurre desde hace cuatro años el potentado productor.
SIMILAR. Igualmente, una finca de 300 hectáreas ubicada en Lima también fue inspeccionada, comprobándose que tampoco cuenta con licencia ambiental ni dispone de las barreras de protección. Los cultivos están a tan solo 30 metros de un cauce hídrico, cuando debería estar a 100 metros.
Su propietario, Pablo Velilla, y el arrendatario, un brasiguayo de nombre Ritmar Schons, se exponen a procesos penales.