La SAS debe desmantelar la corrupción de sintechos que quedó como herencia

El ex presidente Nicanor Duarte Frutos y los anteriores administradores de la SAS llevaron a extremos insospechados la corrupción de la dirigencia de la Confederación Intergremial de Organizaciones Populares (CIOP). Para tener una “paz social”, dejaron que sus líderes manejaran el programa de viviendas.
Formalmente, se cumplían los requisitos legales. El gran negociado, sin embargo, radicaba en las compras de tierras y materiales. La sobrefacturación estaba a la orden del día. Los propietarios ?también complicados en las operaciones? eran los que menos dinero recibían. El resto era repartido ?según constatan los que están al frente de la SAS? en una larga cadena de intermediarios.
Los dirigentes de la CIOP eran los que buscaban los terrenos, hacían el censo y dictaban sus normas a los aspirantes a propietarios. No solo eso: imponían una disciplina dictatorial a los que, con tal de obtener su techo, no tenían más alternativa que acatar las reglas de juego. Es más: aquellas organizaciones que no se alineaban a sus prácticas quedaban fuera automáticamente.
Una muestra de la forma de operar de esa organización es la coacción a la que somete a sus asociados que están en los asentamientos. Una denuncia ante la Fiscalía General del Estado da cuenta de los mecanismos de presión utilizados para obligar a las personas a asistir a la manifestación contra el ministro de la SAS.
La CIOP era ?de hecho? dueña de gran parte del programa de viviendas administrado por la SAS. El Estado, a través de la institución designada, era solo un convidado de piedra que llenaba formularios. El poder real estaba en manos de los líderes de los sintechos. La ausencia de Estado era casi absoluta.
Esa situación es la que Pablino Cáceres y su equipo tratan de revertir. El objetivo es que la SAS ?como corresponde? recupere el dominio de todo el proceso vinculado al plan de viviendas del Área Metropolitana de Asunción. La nueva directiva es que la adquisición de tierras para nuevas comunidades se realice bajo una rigurosa norma de transparencia, con técnicos que verifican los diversos aspectos de la compra, y que el censo sea realizado por funcionarios de la institución, sin discriminar a nadie.
La consecuencia es clara: pérdida de poder y dinero para los que vivían ?con el amparo de sus padrinos y cómplices? de los negociados. Esa es también la causa por la que la CIOP obliga a sus socios a pedir la destitución del que está cambiando las reglas de juego. Quieren seguir en la corrupción.
Pablino Cáceres va por buen camino. Su tarea terminará cuando sanee la podredumbre que encuentra, envíe a los corruptos a la cárcel y recupere el dinero del que se apropiaron los delincuentes.