Así, el recorte de rubros innecesarios para una buena gestión pública, pero imprescindibles para alimentar la corrupción público-privada, surgió como uno de los objetivos. Las reducciones de servicios de catering, seguros de salud y publicidad y de cupos de combustibles y viáticos fueron los primeros en considerarse.
Estos rubros, igual que en el caso de los recientes insumos rechazados por el Ministerio de Salud o de las compras de Petropar, tienen como intermediarios a empresarios de firmas, en algunos casos llamadas “de maletín”, e implican sobrecostos, acceso a información privilegiada, tráfico de influencias, coimas, entre otras acciones.
En algunos casos, estas acciones están debidamente tipificadas, mientras que en otras los vacíos legales han permitido históricamente que el Estado pierda mientras que los implicados, sean funcionarios públicos o empresarios, queden impunes. En el mejor de los casos, la solución perversa es devolver lo robado, con lo cual la señal es “robo y si me descubren devuelvo”.
Con costo cero, el incentivo a robarle al Estado es elevado. Además de racionalizar el gasto, es necesario mejorar el marco jurídico para eliminar la impunidad.
El recorte de los privilegios abusivos también se paralizó.
Desde hacía años se venía hablando de salarios y beneficios inaceptables desde cualquier punto de vista, no solo porque profundizaban la desigualdad interna, sino también porque superan hasta los beneficios que reciben funcionarios y políticos de los países más desarrollados.
La racionalización del gasto público es un tema prioritario para que el rol del sector público tenga legitimidad en la ciudadanía.
Este proceso debe estar acompañado de la implementación de la carrera del servicio civil de manera a impulsar un sistema de remuneración basado en competencias, responsabilidades y credenciales educativas y el blindaje de la gestión gubernamental del tráfico de influencia, los conflictos de intereses, la puerta giratoria y el prebendarismo partidario.
La mejora de la gestión gubernamental debe realizarse en el marco de un debate público y transparente, con criterios claros y un camino con plazos, metas e indicadores que permitan a la ciudadanía dar seguimiento a los logros.
El retraso del tratamiento de estos temas en el Parlamento, sin justificación válida alguna, solo contribuye a exacerbar rabia y desconfianza en la ciudadanía; justo lo que no necesita un país en el marco de un problema tan grave como el que estamos pasando.
Cuando la crisis vaya perdiendo fuerza los paraguayos vamos a necesitar tener noticias positivas, y una de estas noticias deberá ser la implementación de medidas para reducir la corrupción y los privilegios. Por eso, la reforma de la gestión pública es una necesidad política y económica.
