El Gobierno acaba de dar a conocer las proyecciones del déficit público hasta el año 2016. Este año se cerrará con el mayor nivel, previéndose una progresiva reducción del mismo hasta llegar a 2016 con el 1,0%, con respecto al PIB.
Este desempeño macroeconómico, tendiente a la reducción del déficit sin previsiones de cambios radicales en la estructura del gasto, solo hace vislumbrar a corto y mediano plazo un sector público con poco espacio para la implementación de acciones relevantes para la ciudadanía y la persistencia de una elevada ejecución de los gastos rígidos, como salarios, jubilaciones y pago de deuda.
Los objetivos del Gobierno de dar un nuevo rumbo a la política pública no solo se ven en peligro, sino que, al contrario, pareciera que los problemas de años anteriores al déficit se profundizarán tanto, que la primera mitad del quinquenio de gobierno se destinará a restablecer el equilibrio fiscal manteniendo los gastos no rígidos en los niveles actuales o incluso disminuyéndolos.
Los indicadores de competitividad, de infraestructura vial, de déficit habitacional y, en general, todos los sociales dan cuenta del rol imprescindible del Estado en la inversión pública; más todavía frente a un modelo productivo en el que el crecimiento económico, a pesar de su sostenibilidad en el tiempo, solo termina beneficiando a una minoría.
Si a estas condiciones reales se agregan la decepción ciudadana mostrada últimamente en las reacciones de los indignados y en las manifestaciones campesinas, se da pie a un ambiente poco propicio para la convivencia social y la gobernabilidad política.
Frente a este panorama nada alentador para el desarrollo nacional, la presión tributaria se mantendrá relativamente baja por el rechazo del Gobierno de cobrar más impuestos a quienes más se están beneficiando de los años de bonanza económica. Aunque las autoridades tributarias hagan el esfuerzo de mejorar los controles y levantar las recaudaciones, sus costos serán cada vez mayores para los resultados que obtengan, ya que el nuevo impuesto a la producción agropecuaria exigirá llegar a un alto número de contribuyentes, pero de aportes medios y bajos. La estructura tributaria tampoco registrará cambios relevantes hacia una mayor justicia.
En conclusión, la combinación del objetivo del restablecimiento del equilibrio fiscal, con la negativa de aprobar nuevos instrumentos fiscales que generen las recaudaciones necesarias para financiar los gastos, afectará de manera importante a la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones esenciales y con las promesas electorales, situación nada beneficiosa para los objetivos del desarrollo y la convivencia pacífica.