Por Víctor Cáceres Encina
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El Gobierno reacciona ante la huelga de los funcionarios judiciales, que se inició días atrás. El procurador general de la República José Enrique García pide al juzgado laboral que declare la ilegalidad de la medida, argumentando entre otros puntos, que el Estado paraguayo está perdiendo mucho dinero, y que no se cumplieron los pasos legales para la realización de la huelga.
En medio del fastidio de los abogados que estaban en el Palacio de Justicia de Asunción, llegó ayer aproximadamente a las 11 el procurador García, presentando el escrito, en donde principalmente solicita al juzgado laboral que declare ilegal la huelga.
La medida de fuerza, que se inició el pasado miércoles, la realizan el Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar) y el Primer Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Prisintrajupar), quienes reclaman una serie de cosas al Congreso Nacional, entre ellas el aumento del 20% de sus salarios.
La acción cayó al despacho del juez en lo Laboral Tadeo Zarratea, quien se inhibió de la causa atendiendo a que el mismo estuvo en una mesa de diálogo con los sindicalistas, en representación de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay.
Después, el pedido pasó al despacho de la jueza Blanca Mafalda Benítez, quien ayer no asistió a su trabajo, precisaron fuentes judiciales.
La próxima semana la magistrada puede resolver si la medida de fuerza es legal o no.
ACCIÓN. El procurador sostiene que la huelga trae un grave perjuicio económico al Estado, ya que no se cobran las tasas judiciales.
Las actividades laborales de la Administración de Justicia tienen un impacto directo sobre el erario público”, indica el escrito.
Agrega: “Con la medida adoptada (el Estado) se encuentra privado de la percepción de las recaudaciones correspondientes a ingresos judiciales, que se traducen en sumas de dinero millonarias”.
Asimismo, José García argumenta que no se cumplieron los requisitos legales para una huelga.
Según informes recabados, la Sifjupar no convocó a una asamblea, requisito fundamental para la realización de la huelga. Añadió que solo se reunieron los interesados.
“La decisión de adherirse a la huelga” resuelta en una simple reunión por los funcionarios judiciales del interior del país, carece de la legalidad necesaria, por cuanto que viola la obligación legal del ineludible cumplimiento de someter a la asamblea general ordinaria la decisión de declarar o no la huelga”, explica el escrito.
En cuanto al Sifjupar, en su asamblea no fueron individualizados sus socios y mucho menos los funcionarios no asociados, puntos también para una medida de fuerza.
“Se tiene que la adopción de la medida de fuerza no fue decidida por la mayoría necesaria; tampoco coincide su número de votantes (271), con el número de asistentes (261)”, expresa el procurador sobre la asamblea de Sifjupar.
García menciona que la medida de fuerza también es contra una acción de inconstitucionalidad contra una ley que afecta a los funcionarios públicos, por lo que la cuestión se encuentra judicializada y no es válida la huelga.
Cita que el presupuesto ejercicio 2009, en donde se incluye al Poder Judicial y que es objeto de la huelga, se encuentra en estudio en el Parlamento Nacional, por lo que tampoco es válida le medida de fuerza.
JUICIOS ORALES CONTINÚAN NORMALMENTE
La actividad judicial continúa parcialmente en Asunción, ya que los juicios orales y las audiencias orales aún prosiguen con su curso normal.
En Asunción por ejemplo se realizan dos juicios de gran transcendencia: el de Ycuá Bolaños y el del sacerdote español José Antonio Rubio.
En el caso Ycuá Bolaños, seis funcionarios se encuentran procesados por omitir supuestamente controlar las instalaciones del supermercado Ycuá Bolaños, que se incendió el 1 de agosto de 2004, dejando centenares de víctimas fatales.
Si bien el juicio no se realizó ayer, continuará el próximo lunes y no es interrumpido por la huelga.
Otro juicio que continúa es contra el padre Rubio, que ya entró en la parte final. El sacerdote se encuentra acusado por estafa. La audiencia también continuará el próximo lunes.
En otro caso, un abogado de nombre Walter Rolando Cantero Giménez es juzgado por supuesto homicidio culposo y omisión de auxilio.
El abogado supuestamente mató en un accidente de tránsito a Buena Esperanza Benítez (69) hace tres años atrás. El Tribunal lo compone Andrés Casatti, Elsa García y Lourdes Sanabria
También continuó ayer el juicio oral y público por homicidio doloso, contra Blanca Liz Estigarribia.
POSTURA DEL COLEGIO DE ABOGADOS
El Colegio de Abogados del Paraguay exige a los funcionarios judiciales que tomen conciencia de la medida y levanten la huelga, a través de un comunicado.
“Exigimos a los funcionarios declarados en huelga que tomen conciencia de la transcendencia del servicio de justicia a la ciudadanía y levanten de inmediato la medida de fuerza adoptada, a fin de acompañarla en otras vías, en la procura de sus reivindicaciones”, dice parte del comunicado.
Agrega: “A su vez, reclamamos a la Corte Suprema de Justicia no reincidir en el error de abonar los días holgados, pese a la disposición en contrario del artículo 373 del Código del Trabajo”.
El Colegio espera que la medida sea subsanada.