El Consejo de la Magistratura –institución creada por la Constitución de 1992– es un organismo de suma relevancia para que la administración judicial se encamine por los cauces esperados por la sociedad a partir del ordenamiento jurídico vigente.
El artículo 264 de la Carta Magna establece que su función es elevar ternas al Senado –para elegir miembros del máximo tribunal de la República– o a la Corte Suprema para escoger magistrados y fiscales. Aclara, taxativamente, que la selección se realiza en base a “la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes”.
Atendiendo a esa disposición constitucional, el papel de los miembros del Consejo de la Magistratura es de gran responsabilidad. De la sabiduría con que escojan a los que van a impartir justicia o van a investigar los hechos delictivos, depende el funcionamiento del Poder Judicial.
La institución del Consejo de la Magistratura está basada en la sana intención de que representantes de diversos sectores –los tres poderes del Estado, las universidades y los abogados– sean los que intervengan en el proceso de selección. Los constituyentes suponían que los más probos, imparciales, capaces, prudentes y honestos iban a formar parte de ese alto organismo de la República. Y que iban a obrar con criterio de equidad en las propuestas nacidas de esa instancia.
Desde un primer momento, sin embargo, el Consejo estuvo contaminado por el virus de la politización. En su seno, cada vez con mayor fuerza, tuvieron preeminencia los criterios partidistas antes que los de la capacidad.
A esta altura, el gobernante Partido Colorado es el que marca las pautas –como en tiempos de la dictadura del general Alfredo Stroessner– en las selecciones realizadas por el Consejo de la Magistratura y la Corte al coloradizar de nuevo la mayor parte de los cargos que caen bajo su jurisdicción. El cuoteo acordado con la oposición ya no tiene vigencia.
La elección de los dos abogados que van a representar a los profesionales del derecho se realiza en este clima de elevada temperatura política y de severos cuestionamientos a la institución. Como pocas veces, el proselitismo se caracteriza por la ostentación de poder económico, injerencias extragremiales, promesas incumplibles, presiones y otros métodos que reproducen esquemas de clara filiación politiquera.
Si lo que impera antes de la votación de mañana es lo político-partidario, peor será ya dentro del Consejo de la Magistratura. Los ganadores tendrán que saldar deudas. Todo esto lleva a concluir que esa instancia judicial debe ser replanteada para no seguir en manos de políticos que mantienen cautiva a la Justicia.