Esos son los datos que desvelaron en un nuevo informe presentado hoy en Washington Human Rights Watch (HRW) y la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), dos de las organizaciones más importantes de EEUU en la defensa de los derechos civiles y los derechos humanos.
Los grupos pidieron hoy la despenalización del uso y posesión de todas drogas, desde cocaína hasta heroína pasando por marihuana, cuyo consumo ya es legal en cuatro estados, aunque la lista podría ampliarse en las próximas elecciones de noviembre con referendos en varios estados, como Arizona, Massachusetts y California.
“Hemos visto que las consecuencias por una condena por drogas pueden ser devastadoras y pueden afectar a toda una vida”, resaltó Tess Borden, la autora del informe.
Las organizaciones denuncian la discriminación y estigma a los que son sometidos los individuos con antecedentes penales, que no pueden votar o ven restringido su derecho a acudir a las urnas en la mayor parte de los 50 estados del país y que además no pueden acceder a viviendas públicas, ayudas sociales y ciertos empleos.
La situación se agrava para aquellos sin la ciudadanía estadounidense porque pueden llegar a ser deportados si residen en uno de los estados donde la posesión de drogas está tipificada como un delito grave.
“Tengo miedo de que esta condena provoque que sea deportado en el futuro”, dijo a los autores del informe un hispano identificado con el seudónimo de Andrés Morales y que no pudo adquirir la ciudadanía estadounidense a pesar de haber pasado las pruebas por tener abierto un proceso judicial por drogas.
“Toda mi familia y mi vida están aquí", añadió Morales, que reside de forma legal en Estados Unidos desde 1993, tiene tres hijos estadounidenses de 8, 12 y 13 años y cuyo testimonio fue leído por Borden durante una entrevista con Efe.
Las organizaciones llamaron la atención sobre el desproporcionado impacto que la “guerra contra las drogas” ha tenido en comunidades como la de los negros que tienen 2,5 más de posibilidades de ser arrestados por posesión de drogas que los adultos blancos.
En estados como Montana, Iowa y Vermont, las desproporciones se agrandan hasta el punto de que por cada arresto de un ciudadano blanco se producen seis detenciones de negros.
Las organizaciones no pudieron documentar el impacto que tienen las políticas de mano dura en la comunidad latina porque ni el FBI ni la Oficina del Censo de EEUU distinguen por raza a los hispanos a la hora de recopilar datos sobre los arrestos por pequeñas cantidades de drogas.
Las condenas por posesión de drogas se producen por cantidades tan pequeñas como 0,007 gramos, la cantidad de heroína que la Policía encontró en una bolsa de plástico y que provocó que el hispano identificado con el seudónimo de Héctor Ruiz fuera condenado a seis años de prisión en el penal de Fort Worth (Texas).
“He sido adicto desde que tenía 23 años, pero después de todas las veces que he sido encarcelado nunca me han ofrecido rehabilitación”, reprocha Ruiz en el informe.
“Es difícil simplemente salir de la cárcel sin trabajo, sin estabilidad, vuelves directamente del lugar de donde venías y vuelves a usar (drogas). Este lugar (la cárcel) es una puerta giratoria para gente como yo. Poner a la gente en prisión no ayuda a nadie, a veces lo hace peor”, añade Ruiz.
Aunque finalmente fue condenado a 6 años de prisión, Ruiz se enfrentaba a una pena de cárcel de entre 25 años y cadena perpetua por la posesión de esos 0,007 gramos de heroína.
Esa aparente desproporción en la pena obedece a una ley que el Congreso aprobó en la década de 1980 para acabar con el narcotráfico y que hace que los condenados por delitos de drogas tengan que cumplir un tiempo mínimo en prisión, sin importar la cantidad de estupefacientes que tuvieran en su poder.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha tratado de impulsar una reforma de la justicia criminal para acabar con esta ley de condenas mínimas, pero el Congreso ha relegado a un segundo plano las propuestas de algunos legisladores ante la cercanía de las elecciones, previstas para el 8 de noviembre.
Para realizar el informe, los expertos de Human Rights Watch y la Unión para las Libertades Civiles en América analizaron datos estatales y federales y realizaron 365 entrevistas, de las que 149 fueron a personas procesadas por consumo de drogas en los estados de Luisiana, Texas, Florida y Nueva York.
