Tras un debate de catorce horas en sesión especial, el oficialismo logró los votos suficientes para lograr en la Cámara de Diputados el visto bueno a la iniciativa, anunciada hace apenas dos semanas por la presidenta argentina, Cristina Fernández.
Un manifestante porta una pancarta con la imagen del Che Guevara, en apoyo al traspaso al estado de los fondos de pensión privados, en la plaza frente al Congreso de la Nación Argentina, donde se debate sobre el proyecto oficialista que prevé la nacionalización de dichos fondos . EFE | Ampliar imagen
La propuesta oficial, que supondrá el fin del sistema de jubilación por capitalización creado en 1994, deberá ahora ser debatida en el Senado en una sesión convocada para el próximo día 20.
El jefe de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Pichetto, afirmó hoy contar ya con “un importante número de votos a favor” en esa cámara y subrayó “la necesidad imperiosa de actuar con diligencia y celeridad, con responsabilidad y sin eludir el debate, pero acelerándolo, para llevar al país a un escenario de absoluta previsibilidad”.
Varios parlamentarios han objetado el escaso tiempo para un debate que, por su alcance, merece a su juicio más tiempo.
Pero el Gobierno ha alegado que la urgencia de la reforma se debe a la fuerte caída de la rentabilidad de los fondos, invertidos en bonos públicos y acciones que se han desplomado en las últimas semanas, lo que compromete los ingresos de los futuros jubilados.
Sin embargo, desde la oposición, aunque en muchos casos coinciden en que el régimen de capitalización no dio los resultados esperados, afirman que el Gobierno pretende nacionalizar los fondos para asegurarse recursos que le permitan hacer frente a abultados pagos de deuda en 2009, que será además año de elecciones legislativas.
Argentina deberá afrontar compromisos de pago de deuda por 11.800 millones de dólares el próximo año, en un contexto de retracción mundial del crédito a países emergentes por la crisis financiera global, que también golpeará los ingresos del país por una bajada en los precios de las materias primas que exporta.
De aprobarse la reforma, unos 30.000 millones de dólares gestionados por las diez administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP) que operan en el país, pasarán a las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo público a cargo del sistema de jubilación por reparto o estatal.
Ante las acusaciones de la oposición de un supuesto “manotazo” gubernamental a los aportes de los trabajadores, el oficialismo accedió a introducir en el proyecto de ley la creación de un comité de seguimiento de la administración estatal de los fondos.
Esa entidad estará integrada por sindicatos, bancos y representantes gubernamentales y si bien confeccionará informes y hará recomendaciones, éstos no serán vinculantes.
La posibilidad de la reforma no fue bien recibida por los mercados, que interpretaron como un avance sobre la actividad privada el hecho de que el Estado, al absorber fondos invertidos en bonos públicos y acciones de empresas, pasará a ser accionista minoritario en una quincena de grandes empresas de Argentina.
La reforma también es resistida por líderes religiosos y del sector agropecuario, que este miércoles convocaron a miles de manifestantes a las puertas del Parlamento para protestar contra la iniciativa gubernamental.
La ex candidata presidencial y líder de la opositora Coalición Cívica también reunió en la noche de este jueves a varios manifestantes en torno al Obelisco de Buenos Aires en una “vigilia” en contra del “saqueo” del dinero de los jubilados “para que este Gobierno haga caja”, dijo la dirigente política.
Según diversas encuestas publicadas por la prensa local, la opinión pública está dividida respecto al fin de la jubilación privada, un sistema con fallas admitidas por las propias AFJP, aunque gran parte de los consultados percibe que la reforma se debe a la necesidad del gobierno de “hacer caja” para pagar deudas y no por el objetivo de mejorar el régimen de jubilación.
Las AFJP, controladas por bancos y aseguradoras de capitales argentinos, españoles, holandeses y estadounidenses, tienen 9,5 millones de afiliados, algunos de los cuales ya comenzaron a acudir a la Justicia en contra de un inminente traspaso de sus aportes al Estado.
También hay un clima de zozobra entre los 11.000 empleados que trabajan en las AFJP, pese a las promesas del gobierno de que serán absorbidos por el Estado.