Mulet dijo, durante una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que la orden de detención solicitada por la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se ha convertido “en el centro de la vida política en Sudán”.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió el pasado 14 de abril una orden de detención contra Omar al Bachir por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad supuestamente cometidos por las fuerzas gubernamentales y su milicia en Darfur. EFE | Ampliar imagen
La aprobación de la solicitud por parte de los magistrados del tribunal tendría “implicaciones de seguridad y otra naturaleza” para la misión de paz de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) y la misión de paz en Sudán (UNMIS), señaló.
También “podría descarrilar el proceso del acuerdo de paz” en el sur de Sudán, agregó.
El acuerdo firmado en 2005 por Jartum y el Movimiento Popular de Liberación de Sudán (MPLS) puso fin a 21 años de guerra, en la que murieron dos millones de personas y que enfrentó al norte, musulmán, con los rebeldes del sur, en su mayoría cristianos y animistas.
Mulet señaló que le preocupan “los indicios de que una orden de arresto provocaría una reacción incontrolada de la población contra UNMIS”, la misión que se encarga de supervisar el cumplimiento del acuerdo de paz.
“También nos preocupan las declaraciones de las autoridades de que tienen la intención de expulsar al personal de la ONU, o de elementos de las misiones que se cree han cooperado con el CPI, a pesar de que trabajan con un mandato del Consejo de Seguridad”, indicó.
Mulet subrayó que Naciones Unidas espera que el Gobierno de Sudán cumpla sus acuerdos con la organización y garantizar la seguridad del personal y las instalaciones de la ONU.
Jartum ha advertido que la pacificación de la región de Darfur se convertiría en imposible si el Consejo de Seguridad no invoca su autoridad para detener la tramitación de la orden de detención.
La Unión Africana (UA) ha solicitado al máximo órgano que intervenga en favor de Bachir, pero algunos de sus miembros permanentes, como EE.UU., Francia y Gran Bretaña, no son partidarios de interferir en la labor del tribunal internacional.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió el pasado 14 de abril una orden de detención contra el presidente sudanés por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad supuestamente cometidos por las fuerzas gubernamentales y su milicia en Darfur.
El conflicto en esa región situada en el oeste de Sudán estalló en febrero de 2003 cuando dos movimientos rebeldes se alzaron en armas para protestar contra la pobreza y marginación de la zona, fronteriza con Chad, y por el control de los recursos naturales.
Desde entonces, unas 200.000 personas han muerto y dos millones más se han visto forzadas a abandonar sus hogares y a alojarse en campos de refugiados en Sudán y Chad.
