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La noche en que ardió el Congreso

Veinticinco parlamentarios reunidos a puertas cerradas, el edificio del Congreso en llamas y el asesinato de un joven liberal quedaron en la historia del país como el trágico 31M.

El 31 de marzo de 2017, una mayoría de 25 senadores se reunía a puertas cerradas para aprobar el controvertido proyecto de reelección presidencial vía enmienda constitucional, buscando hacer posible la reelección de Horacio Cartes y Fernando Lugo, prohibida por la Carta Magna. Antes ya habían sancionado la modificación del reglamento interno para dejar el camino abierto a la introducción de la figura.

Una gran parte de la ciudadanía consideró esto como un atropello a la institucionalidad y decidió salir a las calles para oponerse. Las protestas en las cercanías del Congreso motivaron a una violenta represión policial, con carros hidrantes y disparos de balines de goma, dejando varios heridos de gravedad, entre ellos, el diputado liberal Édgar Acosta, quien debió a someterse a varias operaciones de reconstrucción facial porque los disparos prácticamente le desfiguraron el rostro.

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Los manifestantes crecieron en número al caer la noche. La Policía se replegó y un grupo de personas atropelló el edificio del Congreso y luego lo incendió.

El caso más grave fue el asesinato del joven militante del PLRA, ya que aquella noche la policía irrumpió en el local de la principal fuerza política de oposición sin orden judicial alguna, con la arbitrariedad represiva de la época de la dictadura. La Fiscalía y la Justicia no lograron determinar quién dio la orden de atropellar el local partidario.

Algunos medios periodísticos lo bautizaron como “el Marzo Paraguayo de Cartes”, comparándolo con los sucesos históricos, también trágicos, de la gesta ciudadana de marzo de 1999.

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Los sucesivos análisis sobre los hechos de marzo del 2017 coinciden en resaltar que, de alguna manera, fue el propio gobierno de Horacio Cartes el que terminó provocando la debilidad institucional en el país, generando en la población una falta de confianza en las instituciones por la misma impunidad generalizada, y la evidente vulnerabilidad del sistema judicial.

El 31 de marzo con su secuela de humo y muerte, también su cuota de ingerencias externas deja entrever que los sucesos de aquella tarde, noche y madrugada fueron supervisados por las más altas esferas del gobierno.

Las imágenes de las represiones frente al Parlamento nacional, la quema del Congreso y el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana recorrieron el mundo convirtiéndose en el rostro más feo y vergonzoso del Paraguay.

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Incluso el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por “la presunta ejecución extrajudicial de Rodrigo Quintana, durante el operativo policial” que se dio el 1 de abril en el local del PLRA. En el informe del comité resalta la expresión “presunta ejecución extrajudicial” para referirse al asesinato de Quintana a manos de la Policía Nacional. También expresaba su preocupación ante informaciones que denunciaron “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, e incluso actos de tortura y malos tratos contra personas arrestadas, en el marco de los disturbios originados por las protestas ocurridas en Asunción”.

El naranja oscuro de las llamas devorando el edificio del Congreso, así como la tremenda secuencia que muestra a un Rodrigo Quintana, desarmado, y siendo asesinado de espaldas en pleno local del PLRA, les mostraron al mundo entero el verdadero Paraguay que cuesta tanto dejar atrás.

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