Por Andrés Colmán Gutiérrez- @andrescolman
Aproximadamente a las 6 de la tarde del 15 de octubre de 1976, unos siete hombres con fusiles y ametralladoras, tres de ellos con uniforme militar y el resto de civil, irrumpieron con violencia en la casa donde residía el paraguayo Federico Jorge Tatter Morínigo con su familia, sobre la calle General Urquiza 133, en el barrio Balvanera de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tatter, ex teniente de fragata de la Armada Paraguaya, había participado en la Guerra Civil de 1947 del lado de los revolucionarios, razón por la que tuvo que exiliarse con su familia a la Argentina, luego al Uruguay y finalmente otra vez a la Argentina, donde siguió ligado al Partido Comunista Paraguayo, participando en las acciones políticas contra la dictadura del general Alfredo Stroessner, en su patria.
Aquella tarde de 1976, los hombres armados que ingresaron a su vivienda y al taller de electricidad en donde trabajaba, se identificaron como miembros del ejército argentino.
“Lo pusieron junto a la pared y lo interrogaron. Alrededor de las siete de la tarde, algunos de los secuestradores se retiraron, llevándose al señor Tatter. A la fecha, la CVJ no ha recibido información con respecto a su paradero o el destino final de sus restos”, señala el informe oficial de la Comisión de Verdad y Justicia.
El mismo documento agrega que, “según informaciones extraoficiales, el señor Tatter habría estado luego de su aprensión, detenido en el centro clandestino de Ión, de Ezeiza”.
Federico Tatter, hijo de Tatter Morínigo, sostiene que hay indicios de que su padre fue secuestrado en Buenos Aires por la dictadura Argentina, con la participación directa de policías de la dictadura paraguaya, y que luego probablemente fue entregado a estos para ser traído al Paraguay, donde fue asesinado por orden del general Alfredo Stroessner.
El caso de Federico Jorge Tatter Morínigo es uno de los 15 casos de paraguayos víctimas de la represión, entre 105 víctimas de 5 países, que forman parte de un histórico juicio iniciado en 2013 sobre el tristemente célebre Plan Cóndor u Operativo Cóndor, y cuya esperada sentencia se dará a conocer este viernes, en el Tribunal Federal 1 de Buenos Aires, aproximadamente a las 17.00, hora argentina (a las 16.00, hora paraguaya).
El paraguayo Federico Tatter, hijo de Federico Jorge Tatter Morínigo, uno de los familiares querellantes, estará presente en la audiencia que se llevará a cabo en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires.
“Como querellante en la causa y como representante de mi madre, Idalina Tatter, ya fallecida, quien puso mucho empeño en este juicio desde el inicio, estaré presente en el momento histórico en que se dé lectura a la sentencia. Esperamos que el veredicto honre este gran esfuerzo por la justicia”, afirma Federico.
“Esta es la única causa sobre la operación Cóndor como plan sistemático ilegal transnacional, con una avalancha de contundentes pruebas desde los diversos países, incluidos Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Estados Unidos y diversos órganos multilaterales. Es un juicio a un sistema y una metodología del terror científicamente perpetrados por varios Estados con la complicidad de otros tantos, que por su tamaño e influencia, pudiendo frenarlo, lo alentaron en secreto al más alto nivel”, destaca Tatter.
La transnacional de la represión
El llamado Plan Cóndor u Operativo Cóndor constituyó “una asociación ilícita entre naciones, documentada y probada, cuya magnitud aumentó la peligrosidad y el poder de cada una de las estructuras criminales nacionales”, sostiene el fiscal argentino Pablo Ouviña, quien representa en este juicio al Ministerio Público, según una entrevista con la agencia noticiosa Télam.
La importancia de este juicio, iniciado en 2013, es que se juzgó por primera vez ante un tribunal a imputados por la asociación ilícita que constituyó el Plan Cóndor articulado por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en una reunión realizada en 1975 en Chile, durante el régimen de Augusto Pinochet.
Ouviña destaca que “está documentado que se lo llamó Cóndor a propuesta del representante uruguayo, en homenaje al país anfitrión del encuentro donde se firmó el acta creadora, que era Chile”.
La implementación del siniestro plan evitó que las víctimas puedan escapar de un país a otro y casi toda América del Sur se convirtió en un gran campo de concentración.
“Las víctimas no tenían escapatoria. Una frontera es un límite, en lo geográfico y en otros ámbitos. El Plan eliminó esos límites y mediante el intercambio de información y de acciones construyeron un marco de coordinación regional, logístico e ideológico que quedó documentado en diferentes archivos de los que nos fuimos nutriendo durante la investigación”, relató el fiscal.
El juicio comenzó hace más de tres años, con 32 imputados, pero solo 17 tendrán sentencia, debido a que otros fueron apartados por razones de salud o murieron, como en el caso del dictador argentino Jorge Rafael Videla. Además hay un acusado por el expediente de las víctimas de represión en el centro de detención conocido como Automotores Orletti.
En los primeros años de la investigación se pidió la extradición de los dictadores Alfredo Stroessner (Paraguay), Augusto Pinochet (Chile) y Hugo Bánzer (Bolivia), pero la Justicia no dio curso en seguida y luego todos ellos fallecieron.
“Se trata de un juicio único por sus características. Es el primero de Latinoamérica que logra llegar a la sentencia de un proceso cuya existencia se conoce hace décadas. Es el primero en la región en trascender las fronteras nacionales, dado que 93 de las 109 víctimas son de otros países que estuvieron bajo la vigencia del Cóndor y tienen dificultades con sus procesos de justicia. Pero es también inédito por la acumulación de prueba documental analizada: miles de documentos, archivos de Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia y documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos”, destaca la periodista Alejandra Dandan, en el diario Página/12, de Buenos Aires.
Los paraguayos, víctimas del Plan Cóndor
En total son 105 las víctimas del Plan Cóndor incluidas en este juicio. De este número hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos y 10 argentinos.
De entre los casos paraguayos, además del ya mencionado Federico Jorge Tatter Morínigo, se incluye el del médico Agustín Goiburú, quien tras una larga historia de persecuciones, detenciones y escapes en la lucha contra la dictadura de Stroessner, fue secuestrado por agentes paraguayos y argentinos en la localidad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina.
Fue trasladado al Paraguay, donde sus restos siguen sin ser encontrados, a pesar de la intensa búsqueda emprendida por sus hijos, especialmente por el actual director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, Rogelio Goiburú.
También está incluido entre la víctimas el abogado Fausto Augusto Carrillo, quien con 32 años de edad fue secuestrado en Formosa, Argentina, el 16 de agosto de 1976, por efectivos del Regimiento de Infantería N.° 29, con participación de policías paraguayos. Luego fue visto con vida, hasta 12 días después de su captura, en el campo de concentración La Escuelita, en el barrio San Antonio de Formosa, con visibles signos de tortura.
Otra víctima muy conocida es la química paraguaya Esther Ballestrino de Careaga, fundadora de la organización Madres de Plaza de Mayo y quien es reivindicada por el actual papa Francisco como la que fuera su primera jefa en un laboratorio y su gran maestra de vida.
Esther, casada con el dirigente febrerista Raimundo Careaga, se movilizó tras la desaparición de su hija Ana María, a quien logró recuperar, pero luego la secuestraron a ella misma, el 8 de diciembre de 1977, al finalizar una misa, junto a otras 8 personas, incluyendo a dos monjas francesas. Sus restos fueron hallados muchos años después en un cementerio clandestino e identificados posteriormente.
También está incluido el caso del dirigente del Partido Comunista Paraguayo, Antonio Maidana, ex secretario general de la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), y de su compañero y compatriota Emilio Roa, quienes fueron secuestrados por policías argentinos y paraguayos el 27 de agosto de 1980, cuando Maidana iba a encontrarse con Roa en una plaza del barrio Avellaneda, en Buenos Aires. Nada se volvió a saber acerca de ambos.
Además, entre las víctimas paraguayas por cuyos casos se dará conocer las sentencias se incluye a Cástulo Vera, Óscar Eladio Ledesma, Florencio Benítez, Juan Alberto Filártiga; Epifanio Méndez Fleitas, Néstor Rodas, Lidia Cabrera y Sotero Franco.
Una sentencia que será histórica
En Buenos Aires, además de Federico Tatter, hijo de Federico Jorge Tatter Morínigo, estarán otros familiares de víctimas asistiendo en vivo a la lectura de la sentencia.
“Tengo conocimiento de que estarán, entre otros, los sobrevivientes y testigos en la causa Lidia Cabrera y Sotero Franco”, refiere Tatter, desde Buenos Aires.
En Paraguay, varios familiares, miembros de organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos asistirán a la sede de la Embajada Argentina en Asunción, sobre las avenidas España y Perú, que emitirá en vivo, en pantalla gigante, el momento de la lectura de la sentencia desde Buenos Aires.
El periodista e investigador Antonio V. Pecci, miembro de la Mesa Memoria Histórica, coautor del libro En los sótanos de los generales: Los documentos ocultos del Operativo Cóndor, dijo que el fallo que se dará a conocer este viernes “puede considerarse como histórico, ya que por vez primera se analiza de manera global lo que fue el Plan Cóndor y se toman casos debidamente documentados de víctimas que sufrieron los efectos de este pacto criminal, clandestino e ilegítimo que urdieron las dictaduras militares del Cono Sur en la década de 1970".
“Es la primera sentencia dada en la Argentina y en Sudamérica y se centra, por un lado, en la responsabilidad de 18 represores que han tenido responsabilidad en el seguimiento, secuestro, torturas y, en muchos casos, desaparición forzada de ciudadanos de la región. También echa luz y hace justicia en torno a más de un centenar de personas que sufrieron los efectos del Terrorismo de Estado y que ahora reciben una reparación histórica, aunque la mayoría ya no esté con vida. Pero, afortunadamente, son cientos los que sobrevivieron a los centros clandestinos de detención en nuestro país, en la Argentina y el Uruguay”, agrega Pecci.
La investigación fiscal sobre el caso ha llevado años, dice el investigador, pero finalmente “permitirá establecer una inobjetable verdad histórica sobre la responsabilidad de los regímenes de la época, así como de la sistemática violación de los derechos de las personas”
“Este fallo debe ser un incentivo para que los defensores de derechos humanos, víctimas de la dictadura y familiares de desaparecidos impulsen ante la Fiscalía General y los tribunales de justicia en nuestro país la investigación de dichos casos y el condigno castigo a los culpables de dichos crímenes, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, salvo contadas excepciones”, concluye.
