28 mar. 2024

La lucha contra el contrabando requiere mayor contundencia

El Gobierno se está despidiendo sin haber puesto límites al contrabando ni haber dado señales de medidas estructurales. Este problema afecta a importantes sectores económicos, erosionando las bases productivas e impidiendo la generación de empleos, la inversión a largo plazo, las recaudaciones tributarias y, en algunos casos, poniendo en riesgo la salud de la población. Se espera de la próxima gestión que mejore los resultados. No podemos seguir hablando del desarrollo del país si ni siquiera se pueden controlar las fronteras y garantizar condiciones mínimas a la producción. No habrá crecimiento del empleo, reducción de la pobreza, aprovechamiento del bono demográfico ni ningún avance posible si la producción de alimentos y la industria no logran salir adelante.

Desde hace meses el sector frutihortícola viene quejándose del daño que sufre por la entrada irregular de producción de los países vecinos. El escándalo de la entrada de carne vinculado a un conocido frigorífico fue otra señal de la debilidad del sector público para realizar los controles y fiscalizaciones para los cuales tiene competencias y recursos, y penalizar con toda la fuerza de la ley a quien la incumplen.

La pasada semana la queja provino del sector textil y zapatero. La industria paraguaya, igual que la producción de alimentos, sufre históricamente las consecuencias negativas del contrabando, sin que se hayan visto reformas que contribuyan de manera sustancial a una mejora en la situación.

Las consecuencias del contrabando son múltiples y sumamente graves. El mercado laboral se resiente ya que las empresas paraguayas deberán recurrir a los despidos si las condiciones adversas tienden a mantenerse en el tiempo o no tendrán las condiciones adecuadas para garantizar empleos de calidad. Los incentivos a invertir a largo plazo se reducen debido a la incertidumbre sobre las proyecciones de ventas y rentabilidad. Las recaudaciones tributarias se resienten debido a la retracción industrial y en el consumo.

Aunque pareciera una batalla en la que ya está derrotado el Estado, no nos cansaremos de demandar una acción contundente de las autoridades nacionales en la lucha contra el contrabando. En los últimos quinquenios, el gasto del sector público creció de manera importante no solo por la cantidad de funcionarios, sino también debido al aumento de los sueldos para supuestamente mejorarlos con respecto a los del sector privado y garantizar mayor eficiencia e integridad. También aumentó el gasto en vehículos, combustibles y otros insumos necesarios para mejorar la gestión de los recursos humanos, por lo que no caben las excusas de que no hay suficientes recursos.

Es inexplicable que ante estos avances no pueda ser posible que las instituciones competentes no tengan más resultados que los demostrados hasta ahora. Probablemente, una parte importante del fracaso tenga que ver con la ausencia de un real compromiso de los funcionarios públicos, más preocupados por quedar bien con su padrino político que con la ciudadanía.

Muchos de estos funcionarios, además de no generar resultados, se llevan parte de los recursos públicos a través de actos de corrupción o se mantienen callados siendo testigos de los mismos. Es urgente que las autoridades diseñen e implementen un plan capaz de reducir drásticamente el contrabando.

La responsabilidad del sector privado no es menor a la del servicio civil. El bajo apego a la ley debe ser penalizado con la misma rigurosidad que en el sector público. No habrá crecimiento del empleo, reducción de la pobreza, aprovechamiento del bono demográfico ni ningún avance posible si la producción de alimentos y la industria no logran salir adelante. Ambos sectores son centrales para el desarrollo del país, lo que exige una acción contundente del Estado.

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