La decisión judicial, que afecta también a la empresa concesionaria del proyecto, Fiori Empreendimientos Inmobiliarios, se sustenta en el impago de las tasas medioambientales inherentes al proyecto, que alcanzarían la suma de 2,39 millones de reales (unos 710.000 dólares).
“La presente acción de mala praxis esta instruida con pruebas documentales del proceso administrativo de licencia medioambiental, en el que fue dispensado el pago de la tasa por parte del particular, contra todas las recomendaciones de la Secretaría de Medio Ambiente”, señaló la Fiscalía en la demanda.
De acuerdo con la acusación, Paes buscó una “fórmula mágica” para que la empresa eludiera el pago, lo que constituye un “claro acto” de mala praxis administrativa que causó “un daño evidente” al erario público.
La cantidad bloqueada al alcalde, que tras dos mandatos consecutivos dejará su cargo el próximo 1 de enero, es de 181.000 reales (unos 53.780 dólares).
A través del departamento de comunicación del ayuntamiento de Río de Janeiro, el alcalde repudió la medida y anunció que recurrirá la decisión judicial.
La alcaldía alegó que informó a Fiori Empreendimientos Inmobiliarios de la necesidad de abonar una tasa para obtener la pertinente autorización para la “supresión de vegetación exótica” y que fue la empresa la que no cumplió con sus obligaciones.
“Un mes antes de la acción determinada por la Fiscalía, la secretaría de Medio Ambiente ya había reclamado al Ministerio Público de la ciudad que exigiera el cobro de la deuda, incluidos los intereses generados”, argumentó el ayuntamiento.
