Política

La investigación contra Dionisio Amarilla está dormida en Fiscalía

El Ministerio Público, a cargo de Sandra Quiñónez, ni siquiera designó a un fiscal que se encargue de indagar al diputado liberal. Se excusa con que la Contraloría no entrega los documentos.

En julio del 2018, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el senador liberal Dionisio Amarilla por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Tras reiteradas solicitudes de urgimiento, debido a que la Fiscalía no iniciaba ninguna investigación, finalmente, en setiembre del mismo año se abrió una carpeta fiscal.

Sin embargo, hasta la fecha no se designó a un fiscal que se encargue del caso, por lo que la investigación quedó en la nada y todo indica que la denuncia sería desestimada, al igual que sucedió con otros políticos.

Desde el Ministerio Público se excusan en que la Contraloría General de la República no remite la correspondencia de bienes de Amarilla y por ello no pueden continuar el proceso. Sin embargo, tiene la posibilidad de realizar un allanamiento para retirar los documentos y no hace uso de dicha atribución que le puede ser concedida por un juez, como ya lo hicieron en otros procesos.

La esposa del senador, Analy Valiente, es la directora de Declaraciones Juradas. Por ende, es ella quien debe remitir las declaraciones de bienes de su marido, trámite que la CGR no cumple hasta la fecha. En la misma dirección, el legis-lador tiene otros aliados, como es el caso de Silvia Escobar, quien cuenta con una jefatura; Modesto Sosa, con una dirección de área, y Guillermo Vera, como jefe de departamento, también en Declaraciones Juradas. Estos son operadores políticos de Amarilla, al igual que Leydi Cardozo, jefa de departamento.

El senador Amarilla además logró ubicar a familiares y operadores políticos en puestos estratégicos, desde donde puede manejar información sobre todos los funcionarios públicos, incluyendo a sus colegas, como así también el control a la gestión de instituciones públicas.

El legislador fue denunciado por corrupción pública durante su gestión como administrador en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Supuestamente, amasó una gran fortuna y sus bienes no coinciden con sus ingresos y los de su esposa, ya que estos solo sumarían un monto superior a los G. 9.000 millones. También se lo vincula con una empresa constructora, BGF SA, que en los últimos cinco años firmó contratos por G. 122.000 millones con el entonces gobernador de Ñeembucú, Carlos Silva.

Dejá tu comentario