25 abr. 2024

La honorabilidad, el concepto que han perdido los diputados

La actitud asumida por 53 miembros de la Cámara de Diputados, principalmente colorados y liberales, para blanquear a su colega José María Ibáñez, hace que la honorabilidad sea un concepto totalmente perdido por la mayoría de los legisladores. Es más importante proteger a sus pares imputados y salpicados por hechos de corrupción, en muchos casos con pruebas y evidencias indiscutibles, que responder a los intereses de la ciudadanía. De esa manera, la clásica denominación de “Honorable Cámara” que en muchos casos siguen utilizando, solo queda como un mero rótulo protocolar y cada vez se reafirman más los otros nombres que se le han impuesto a nivel popular: el de la “Cámara de la Vergüenza” y el aun más degradante “dipuchorros ".

En muchas publicaciones oficiales se sigue usando la denominación “Honorable Cámara de Diputados” para referir a la institución con mayor cantidad de miembros en el Poder Legislativo. Sin embargo, el concepto de honorabilidad –“digno de respeto y admiración”–, se ha ido perdiendo irremediablemente en la también llamada Cámara Baja.

“Honorable” proviene de “honor”, una palabra con origen en el latín honoris y que describe cualidades como la rectitud, la decencia, la dignidad, el respeto, etc., que deben tener las personas que ejercen un cargo público.

En el debate que se mantuvo durante la sesión del miércoles, los miembros de la Cámara de Diputados demostraron que la honorabilidad es el concepto que menos les preocupa. En el tratamiento de la propuesta presentada por el diputado colorado abdista Carlos Núñez para someter al diputado –también abdista– José María Ibáñez a la pérdida de la investidura, se pudo comprobar que se trataba solo de una artera maniobra para lograr su rápido blanqueo y consagrar su impunidad.

Ibáñez es un legislador denunciado en el 2013, en reportajes de investigación periodística, por mantener a caseros trabajando para su beneficio particular en su finca de la ciudad de Areguá, a quienes sin embargo hacía figurar como empleados del Congreso, mientras su propia esposa retiraba los cheques de salarios, quedándose con parte del dinero. Tras haber sido imputado y dilatar el proceso durante años con múltiples chicanas, finalmente hizo un arreglo judicial, admitió el delito y aceptó finiquitar el caso con la suspensión condicional del proceso, devolviendo 30 millones de guaraníes del dinero sustraído. El hecho de ser un delincuente confeso es considerado una causal que le impide seguir ocupando el cargo de legislador y por tanto debía ser sometido a la pérdida de investidura, pero para ello se requiere contar con 53 votos y solo 27 diputados votaron en ese sentido.

La decisión que adoptó la mayoría de los diputados –varios de ellos pertenecientes al movimiento liderado por el próximo presidente Mario Abdo Benítez– pone en cuestión varias de las promesas del jefe de Estado que asumirá el 15 de agosto, quien durante la campaña electoral aseguró que no serán cómplices de la corrupción, pero principalmente revela que la honorabilidad es un concepto perdido en la Cámara de Diputados, en donde –al igual que en el Senado– son varios los legisladores imputados o salpicados por hechos de corrupción, y que en esta ocasión han preferido no crear un peligroso precedente con el caso Ibáñez, aunque ello les lleve a reafirmar los otros populares nombres de la Cámara Baja, como “Cámara de la Vergüenza” o el aun más degradante: “dipuchorros”.

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