EditoriUna funcionaria del Ministerio Público, Claudia Guillén, se identificó como asistente fiscal en un control vehicular. Agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional la estaban siguiendo, pues identificaron la camioneta que conducía como robada en Santa Catarina, Brasil y que además circulaba con una matrícula clonada. Aquella fue la primera anomalía, luego la funcionaria huyó hasta que fue retenida en la zona de la Costanera de Asunción.
Los agentes le pidieron los documentos, se puso agresiva y la madre quien iba en el asiento del acompañante, insultó y escupió a uno de los agentes. Un fiscal intervino, Óscar López Laterza, y resolvió la liberación de la mujer y la retención de la camioneta.
La ciudadanía explotó de indignación en las redes sociales al observar el video de la operación y al comprobar la prepotencia de ambas mujeres. Entonces, la imputación fue inevitable, el escándalo se les fue de las manos y poco después el agente del Ministerio Público tuvo que cambiar su decisión inicial e imputó a la funcionaria por los hechos punibles de reducción y resistencia; así también se ordenó su detención.
Este no es, de ninguna manera, un incidente aislado. De alguna manera expresa el concepto que tiene el ciudadano respecto a la institución y a sus funcionarios: Prepotencia, privilegios y uso de influencias. Sumado a esto se debe mencionar la poca credibilidad que goza actualmente el Ministerio Público, socavada con gran empeño durante la gestión de Sandra Quiñónez. Es por eso que esta será una decisiva prueba de fuego para el nuevo fiscal general Emiliano Rolón. Su primera reacción fue positiva, ya que con rapidez dispuso la apertura de una causa administrativa sobre el caso de la funcionaria.
A Rolón le aguarda un áspero y complicado camino por delante. Debe tener en cuenta que se encuentra al frente de la misma institución que habiendo recibido un completo reporte de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero, narcotráfico, contrabando y el terrorismo, actividades que se llevan a cabo dentro de nuestras fronteras con toda impunidad, decidió ignorar dicho informe que además vinculaba al ex presidente Horacio Cartes, calificado como jefe de una red de contrabando. Durante demasiado tiempo desde la Fiscalía se ha utilizado las imputaciones como el garrote punitivo para quienes no son amigos. Es así que en los últimos años hubo políticos y funcionarios que recibieron impunidad, como el diputado cartista Erico Galeano, involucrado en la venta de una vivienda a una persona vinculada en el Operativo A Ultranza, y el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, denunciado por sobrefacturación de insumos en el peor momento de la crisis de la pandemia del Covid-19.
Esta ha sido durante estos años la principal crítica: La parcialidad manifiesta de la Fiscalía con ciertos sectores políticos, lo que tuvo como directa consecuencia el debilitamiento de la confianza en una institución que se supone debe hacer posible que los hechos punibles de acción penal pública no queden impunes.
Al conceder privilegios a los amigos y garrote a quienes no lo son, se terminó por dinamitar la credibilidad. Pero necesitamos volver a confiar en nuestras instituciones, y creer que es posible un Ministerio Público sin amigos con poder económico o político, sin presiones de cuestiones político partidarias.
Urge en el país una justicia independiente y sin ningún tipo de compromiso, excepto el compromiso con la sociedad paraguaya a quien debe proteger.
