Política

La fiscala Fernández fue confirmada en caso 31M, pero será impugnada

La Fiscalía General del Estado, a cargo interinamente de Alejo Vera, confirmó ayer en la investigación de los sucesos del 31 de marzo a la fiscala Raquel Fernández, a pesar de que la propia agente había pedido ser apartada tras filtrarse cruces de llamadas entre ella y Luis Canillas, asesor de Yacyretá.

Fernández es la fiscala que se negó rotundamente a solicitar a las telefónicas los extractos de llamadas realizadas la noche en que se le asesinó a Rodrigo Quintana tras el atraco al PLRA. La agente dijo que no iba a pedir los datos porque consideraba impertinentes. Posteriormente, se supo que tuvo contacto con Canillas, uno de los que aparecen en el cruce de llamadas la noche del atraco.

"Esto es muy grave porque a pesar de que la Fiscalía tenía sospechas de que Fernández hablaba con Luis Canillas, operador político del presidente Horacio Cartes, se le mantiene en la causa", afirmó ayer el abogado de los padres de Rodrigo Quintana, Guillermo Duarte Cacavelos.

Recordó que la propia agente pidió ser apartada por decoro, porque su objetividad ya se veía afectada. "Esta fiscala fue la que nos negó los extractos que pedimos desde julio de 2017", se quejó Duarte.

IMPUGNACIÓN. El abogado manifestó que solo restan 55 días para presentar acusación contra Gustavo Florentín, el policía que habría disparado al joven liberal, y preocupa que seguirán sin fiscal.

Esto, debido a que el mismo Duarte Cacavelos anunció que presentará mañana impugnación contra Fernández ante la Corte Suprema de Justicia, ya que el plazo establecido es de 3 días desde la confirmación. Por su parte, la máxima instancia judicial tiene un plazo de cinco días para resolver. Si no resuelve quedaría como interina la fiscala Silvana Otazú, pero ella se inhibiría por ser amiga de Duarte Cacavelos.

Por este motivo es que la querella alega que se quedarán sin fiscal faltando apenas 55 días para presentar acusación en el caso.

"Ella (Otazú) es amiga mía. Se debe apartar del caso, aunque creo que ya se apartó. No podemos estar en un mismo caso", sentenció Duarte.

ANTECEDENTE. Nadie entendía los motivos por los cuales la fiscala Fernández se negaba tenazmente a investigar los cruces de llamadas de la fatal noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017, donde policías atacaron la sede del PLRA, dejando como saldo el asesinato de Quintana.

Sin embargo, tras la ola de cruces de llamadas que se dieron a conocer, se descubrió que Fernández llamó en octubre pasado a Canillas, uno de los que se comunicaron con el comandante de la Policía Críspulo Sotelo esa trágica noche.

La conversación se realizó en dos ocasiones en un mismo día y una semana después volvieron a charlar, justo en momentos en que los padres del joven asesinado rogaban a la fiscala que investigue el cruce de llamadas que involucraba a Canillas, al gerente de la tabacalera del presidente, José Ortiz, a Arnaldo Franco, a Lilian Samaniego, así como a senadores y diputados.

Canillas entró en escena el 31 de marzo, cuando a las 23.22 habló con Sotelo, lo mismo que el senador Enzo Cardozo, quien se comunicó con Sotelo a las 23.31.

Ya en la madrugada del 1 de abril, Sotelo recibió el llamado de José Ortiz a las 0.04; del presidente Cartes, a las 0.07, y de Tadeo Rojas, a las 0.12.

El 21 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal admitió una apelación y ordenó a Fernández que investigue el cruce de llamadas.

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¿Quién dio la orden? Fernández se negó varias veces a investigar los cruces de llamadas de la noche del 31 de marzo.

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