En casi 60 años de estar al frente de la Administración Pública, el Partido Colorado demostró una gran habilidad para convertir los cargos en una prebenda para mantener una clientela política dócil y obediente a sus lineamientos electorales. Su comportamiento no cambió para nada.
La cantidad de 210.000 cargos presupuestados para este año es exageradamente alta si se tienen en cuenta el escaso número de habitantes de nuestro país, su pobreza, la falta de idoneidad de un alto porcentaje de los contratados y la necesidad de aumentar las cifras de la inversión de los fondos públicos. Esa cifra no contempla a los supernumerarios, con los que aquel número fácilmente adquiere proporciones más alarmantes todavía.
En el esquema perverso montado para satisfacer la demanda laboral de los que han demostrado lealtad al partido gobernante, alrededor del 90 por ciento de las asignaciones del Congreso están destinadas al pago de sueldos. Los 4,5 billones –el año pasado fue de 3,9 billones– de guaraníes que corresponden al rubro salarial son un insulto para un país que necesita salir del atraso y la miseria a través de un mayor gasto para su desarrollo.
En enero de este año, el Ministerio de Hacienda anunciaba límites a la contratación de personal y el gasto en sueldos mediante el Decreto Nº 8.885, que reglamenta la Ley 3.148 del Presupuesto General de la Nación. Solo el Equipo Económico Nacional quedó facultado para nuevos nombramientos en casos excepcionales.
Atendiendo a la tradición reinante, es imposible creer que esa disposición vaya a ser cumplida. Ya el año pasado se había anunciado que las contrataciones se realizarían únicamente hasta fines de abril. Se prorrogó, sin embargo, hasta el 31 de octubre, atendiendo a la coyuntura de las elecciones municipales. Con los comicios generales en puerta, no hay motivos para considerar que el grifo del Estado se vaya a cerrar.
El mal crónico de nuestro país es el gigantismo estatal. Con la mitad de los funcionarios actuales el aparato del Estado ya podría responder a las necesidades, si es que los trabajadores son aptos para la tarea que desempeñan. En la actualidad, muchos no saben qué hacer porque no tienen tareas asignadas o porque carecen de una preparación adecuada.
La racionalización del Estado en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos no fue sino una herramienta demagógica que no halló ni halla sustento en la práctica.
Los que aspiran a ser gobierno desde el año próximo deben incluir entre sus compromisos la sustancial reducción en este campo si quieren que el país se levante de su postración. De lo contrario, cada vez la situación será peor.