El compromiso del presidente de la República Federativa del Brasil, Lula da Silva, de eliminar el factor de ajuste de la deuda de Itaipú con Eletrobras, hasta el momento no pasa de las buenas intenciones a las que nos tiene acostumbrados el vecino país. Esa promesa aún debe pasar por el Legislativo brasileño para hacer posible una reivindicación largamente reclamada por el Paraguay.
Además, sería la devolución de una pequeña parte de los numerosos y valiosos despojos a los que nuestro poderoso vecino nos viene sometiendo desde la culminación de la Guerra contra la Triple Alianza, ya sea por la fuerza o por la inconsciencia de nuestra dirigencia política.
La negociación entre Lula y su Congreso debe pasar por la obtención de una ley impositiva que permita reemplazar los recursos que genera el mencionado factor de ajuste.
La promesa del mandatario brasileño no tiene plazo de cumplimiento, aunque sí habló de imprimirle un trámite urgente.
La figura de la doble indexación que se incorporó en 1997 determinó que la deuda de la Entidad Binacional Itaipú hoy ascienda a cerca de 19.000 millones de dólares, como consecuencia de la aplicación de dos tasas de interés anuales. Una, de 7,5 por ciento sobre el monto inicial de la deuda, que a esa fecha ascendía a 16.225 millones de dólares, y un reajuste de entre 4 y 5 por ciento del saldo deudor, según el comportamiento de la inflación norteamericana.
Con la eliminación del factor de ajuste, la entidad binacional conseguirá una quita de 10.000 millones de dólares, lo que permitirá que para el 2023 Itaipú complete el pago de su deuda con Eletrobras.
La concreción de la promesa presidencial brasileña permitirá a Paraguay disminuir el costo de la energía eléctrica, hecho que redundará en beneficio de la población. El presidente Nicanor Duarte Frutos, a su vez, se ha comprometido a ampliar la tarifa social y reducir el precio de la energía para las industrias.
Es de esperar que ambos augurios se concreten en el menor tiempo posible.
La actitud de Lula da Silva es positiva y ayuda a renovar las esperanzas en la instauración de un Mercosur solidario.
No obstante, la concesión brasileña no debe influir en el Gobierno paraguayo para cejar en sus exigencias reivindicatorias. La equidad y la justicia así lo reclaman.