Acha habló así en un webinar, transmitido por NPY y dedicado a la informalidad como perjuicio para todos, organizado por Desarrollo en Democracia (Dende) en el programa Plaza Pública, y donde también participaron el viceministro de Tributación, Óscar Orué; y Hugo Royg, de la consultora Mentu.
Economía subterránea en Paraguay - el contexto Covid y el derecho a ser formal se tituló la exposición de Acha, quien destacó que la economía en negro ascendió a USD 16.647 millones el año pasado, lo que equivale al 42,7% del PIB.
Entre los factores explicativos, mencionó a la mejor dinámica económica por la desaceleración local y regional; un mercado laboral altamente informal y de bajos ingresos y la elevada incertidumbre, que afecta al clima de negocios.
Al analizar la contribución para revertir tal situación que afecta a la ciudadanía, Acha dijo que es relevante denunciar y mostrar el impacto de la economía oculta. “Sin embargo, creemos que llegó el momento de proponer líneas de acción para reducir efectivamente la economía subterránea”, agregó.
Así, desde el sector empresarial formalizado se plantea colaborar en la implementación de acciones que contribuyan a mitigar, disminuir y revertir la situación actual, involucrando a todos los sectores en el proceso, según el especialista.
De esa forma, sostiene que se podrá avanzar hacia el desarrollo sostenible, sustentable, inclusivo y equitativo, que garantice el bienestar de todas las personas.
“Basamos esta propuesta en cinco ejes de actuación, donde el proceso de implementación requiere del esfuerzo y del trabajo coordinado de todos los sectores, con un compromiso en pos de la formalización”, sostuvo.
Los ejes de acción propuestos son: disminución de costos (simplificar y reducir costos; facilitar lo más posible la inscripción y el cumplimiento de las obligaciones tributarias); plataformas tecnológicas (para abreviar los procesos de formalización); shock de comunicación (sumar al sector empresarial a la difusión de materiales para formalizar).
También se encuentra incluida la inscripción masiva (para formalizar) y, por último, la inclusión financiera (se proponen programas de inclusión financiera y microcréditos).
