El juicio oral debía comenzar la víspera ante los jueces Juan Carlos Zárate, Darío Báez y Yolanda Portillo, pero se informó a las partes que el juzgamiento iba a postergarse debido a que el expediente principal fue requerido el pasado viernes por la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial del país.
Con ello, al no tener el expediente físico, no podría realizarse el juicio oral, por lo que iban a avisar la nueva fecha.
Se debe resolver una acción de inconstitucionalidad contra el auto de apertura a juicio oral.
Acusación fiscal. En el caso, el fiscal Édgar Sánchez acusó a Pascual Benítez Barrientos y a Efraín Alegre Sasiaín, por presuntos hechos de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, ambos en calidad de autores.
Según la Fiscalía, resultó víctima Silvio Concepción Martínez Mendoza, dueño de la estación de servicio “Catedral”, situado en Ciudad del Este, quien denunció la existencia de una factura por valor de G. 98.000.000.
De acuerdo con su denuncia, el mismo no prestó servicios a la nucleación política por el citado monto.
Señala que el documento es una clonación o imitación de las facturas utilizadas en su negocio, aunque tiene visibles diferencias con la auténtica.
Alegre había sido detenido por este caso y estuvo recluido en la Agrupación Especializada de la Policía generando un gran revuelo político.
La jueza de Garantías Cynthia Lovera había decretado que Alegre, como incumplió las medidas alternativas a la prisión, sea enviado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Un mes después recuperó su libertad.