Sucesos

La Corte tardó 7 años en resolver amparo sobre decreto ya derogado

Los ministros señalan que regulación debe ser a través de una ley y no de un decreto. Fue una consulta hecha en un amparo promovido en el 2012 y, tras larga mora judicial, se resolvió el pedido.

La mora judicial hizo que un tema tan sensible como la salud y el tabaco, tuviera que esperar siete años en un caso de amparo, para la resolución de una consulta constitucional por la Corte Suprema.

Lo peor es que la resolución declara inconstitucional el Decreto N° 4106/2010, del 25 de marzo del 2010, que ya fue derogado por el Decreto 7605/2017, dictado el 14 de agosto del 2017.

A esto se suma que es una consulta constitucional realizada por el juez en lo Civil de Ciudad del Este, Daniel Colmán, en un caso de amparo constitucional promovido por la empresa Eagle SRL, contra el citado decreto.

La resolución fue dictada por los ministros Miryam Peña, Gladys Bareiro de Módica y Manuel Ramírez Candia, el 9 de agosto pasado.

El magistrado requería saber si el citado decreto dado en el 2010, por el que se reglamentaba el artículo 11 de la Ley 2969/2006, que aprueba el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaco, es constitucional.

EL FALLO. La ministra Miryam Peña, tras fundar el porqué la Corte podía evacuar consultas de los jueces en amparos, hace un análisis del caso.

Señala la ministra que existen leyes operativas, que son las que no precisan ser reglamentadas ni condicionadas para ser aplicadas.

Explica que también están las leyes programáticas, que son aquellas que tienen sujeta su eficacia a la condición de ser reglamentadas. Cita como ejemplos las normas de un tratado, constitución o una ley, para su aplicación.

Remarca que en el convenio marco con la OMS, determina que cada Estado, según su legislación interna, debe dictar las normas recomendadas por la entidad.

Dice que la Ley 2969/2006 se limita a ratificar el convenio, por lo que debe ser regulado a través de otras normas operativas. Con ello acota que se deben regular por leyes dictadas por el Congreso y no por un decreto. Por eso declara inconstitucional el mismo.

La ministra Gladys Bareiro votó según la ya asumida posición de que la Corte no es un órgano de consulta, por lo que no puede evacuar consultas.

Finalmente, el ministro Manuel Ramírez Candia aclara que la consulta le llegó el 4 de abril del 2019, pese a que quedó para resolución el 26 de diciembre del 2012.

Sostiene que la “consulta constitucional es una vía para provocar el control de constitucionalidad”, y no es para que la Sala Constitucional emita una opinión sino para que declare constitucional o no la norma objeto de control.

Después, dice que el decreto tiene vicio de ilegalidad, porque no es la vía normativa para reglamentar la citada ley. En otras palabras, debe ser por otra ley y no por un decreto.

Señala que la práctica de establecer “faltas administrativas” por vía de decretos era violatoria de la Constitución Nacional. Señala que el citado decreto es inconstitucional.

DEROGADO. Sin embargo, lo que la Corte no tuvo en cuenta es que el Decreto 4106/2010, fue derogado expresamente por el Decreto 7605, del 14 de agosto del 2017, bajo la presidencia de Horacio Cartes, propietario de la tabacalera Tabacos del Este, SA.

Este normativa reglamenta los artículos 4, 9, 10 al 16, 18 y 25 al 31 de la Ley 5538, de diciembre del 2015, que modifica el Régimen Tributario al Tabaco y establece medidas sanitarias de protección. Regula la Ley 2969/06, que aprueba el convenio con la OMS.

El decreto señala en su artículo 21 la abrogación expresa del citado Decreto 4106/2010.La resolución de la Corte se da sobre algo sin vigencia.

Embed

Dejá tu comentario