La complicidad entre el ex presidente Nicanor Duarte Frutos ?por extensión, con todos los que formaron parte de su equipo de gobierno? y la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia es de público conocimiento.
La evidencia más rotunda de la afinidad para manipular las leyes según los dictados de ese grupo de poder fue la luz verde que dio la Corte a Duarte Frutos para violar el artículo 237 de la Constitución Nacional, que prohíbe tener dos cargos públicos o privados al tiempo de ejercer la presidencia de la República. Allí quedó claramente demostrado el servilismo de los ministros que votaron a su favor.
Aunque ya existe un nuevo Gobierno, la lealtad hacia el sector que está hoy en la llanura continúa. Por lo visto, los nexos son tan poderosos que el acatamiento a la voluntad de los defenestrados persiste. De otro modo no se explica por qué la Corte no les pone freno a las trabas manifiestas que los abogados del equipo del senador colorado Víctor Bernal ponen a la investigación fiscal de corrupción en Itaipú.
En lo que puede interpretarse como una velada admisión de culpa, el senador no renuncia voluntariamente a sus fueros ?se escuda detrás de ellos? para ser investigado por haber permitido el uso indebido de dinero para solventar la propaganda del oficialismo del Partido Colorado en la campaña electoral que concluyó en las urnas el pasado 20 de abril.
No solo eso: en el afán desesperado de evitar a toda costa que el proceso tenga su trámite normal, para ganar tiempo en busca de alguna coyuntura política que le sea favorable en el Senado ?donde parecería haber mayoría a favor de su desafuero y, por lo tanto, juzgamiento por parte de la Justicia ordinaria?, el equipo que encabeza recurre a profesionales del derecho que recusan a los fiscales intervinientes para sacarlos de en medio.
El evidente propósito de las siete recusaciones presentadas por el equipo es usar esa arma jurídica para entorpecer la labor de la Justicia. La carpeta fiscal está caratulada como investigación por lesión de confianza contra personas innominadas. Aun así, ya hay una lluvia de recusaciones.
Mirando esa actitud, es seguro que si consiguen el propósito de apartar a los que cuestionan, continuarán buscando la manera de sacar de en medio a los fiscales rectos y honestos designados en reemplazo de los recusados.
La Corte Suprema es la única instancia judicial facultada a poner freno al abuso de utilización de recursos dilatorios. Sin embargo, mira indiferente y deja que el carnaval de chicanas prosiga. Atendiendo a las evidencias recogidas por Última Hora y los fiscales, esa actitud solo puede ser interpretada como complicidad con la corrupción. Esto reafirma la necesidad de cambio de ministros.
La Corte Suprema actúa como cómplice de Bernal y los corruptos de Itaipú
La Corte Suprema de Justicia, en vez de favorecer las investigaciones contra la corrupción en Itaipú, sale contra ella al no poner freno a los abogados chicaneros manipulados por el ex director del ente, Víctor Bernal. Esta actitud refuerza la necesidad de cambiar a los ministros.
