La máxima instancia judicial de la República, con la presidencia de la doctora Alicia Pucheta de Correa, dio algunos tímidos pasos que podrían llevar a pensar que al menos intenciones de corregir algunos de los males crónicos de la Justicia paraguaya tiene.
Uno de ellos fue la suspensión y remisión al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de los jueces Adolfo Genes y Nilda Vázquez de Camarasa, de la circunscripción del Alto Paraná, por haberle otorgado el beneficio de las medidas alternativas de prisión a un conocido delincuente con cuatro antecedentes de robo agravado, que conlleva una pena superior a los 5 años, estando, por lo tanto, incurso en la calificación de crimen.
La modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal a través de la Ley 2.493/04 establece expresamente que “durante el proceso penal no se podrán otorgar medidas alternativas, ni la prisión preventiva decretada podrá ser modificada por una medida sustitutiva cuando el hecho sea tipificado como crimen que lleve aparejada la vulneración de la vida o la integridad de la persona como resultado de una conducta dolosa”.
A pesar de la existencia de esta disposición, hay magistrados que han convertido el otorgamiento de medidas que sustituyen a la prisión como una verdadera industria para enriquecerse. Los que tienen poder económico o alguna cuña política se benefician de esta forma de corrupción de antigua data. No les importa que se den las causales para retener preventivamente en la cárcel a los que son objeto de persecución penal.
Contra esa práctica, que obedece más a razones pecuniarias antes que a argumentos legales, la titular de la Corte anunció la redacción de una acordada que recuerde la norma vigente en la materia y establezca claramente las reglas del juego. Si la modificación del artículo 245 se hizo en el Parlamento para evitar los excesos en la concesión de libertades preventivas, lo mínimo que los ministros pueden hacer es exigir su cumplimiento.
Es de esperar que estas endebles señales que tienen la intención de mejorar la administración judicial se concreten en medidas de mayor peso e institucionalidad para combatir frontalmente las deficiencias que fomentan las injusticias. Esto es un sentido y generalizado reclamo de la mayor parte de la ciudadanía.