La Contraloría General de la República (CGR) ya está moviendo de oficio una investigación para determinar la correspondencia de los bienes que ostentan los funcionarios de aduanas Luis Roberto Pereira Recalde y Miguel Medina Prieto, según la declaración jurada de bienes que realizaron.
Ambos son parte de la investigación de la denuncia realizada por el director de Aduanas, Julio Fernández, en contra del senador colorado Martín Arévalo, por supuesto tráfico de influencias. El titular del ente contralor expuso en su denuncia la captura de pantalla que revela mensajes de Arévalo “abogando” por el nombramiento de los funcionarios en cargos de administradores. Tanto Pereira como Medina ocupan cargos de jefes de división, no cuenta con título universitario y perciben un salario de G. 9.300.000 más bonificaciones.
El sábado pasado, los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, encabezaron allanamientos de las viviendas de los nombrados funcionarios.
Llamó mucho la atención la costosa y lujosa vivienda de Pereira Recalde, además de una camioneta también de alta gama.
Ante la publicación del caso en los medios de prensa, el director de Control de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Contraloría pidió a la directora de Dictamen de Correspondencia, Jessica L. Bogado, que haga el análisis sobre las declaraciones juradas de los nombrados funcionarios, a fin de verificar la veracidad y correspondencia.
Ambos aduaneros tienen registradas su última declaración en noviembre del 2014. Peralta declaró que tenía activos por G. 365 millones, un pasivo de G. 30.500.000 y un patrimonio neto de G. 334.500.000.
Por su parte, Medina declaró que tiene un pasivo cero y un patrimonio neto de un total de 378 millones de guaraníes.
