El lapidario informe financiero a la Defensoría del Pueblo arrojó además que los fondos de la institución correspondientes al año pasado no fueron utilizados en su totalidad.
En el extenso documento, y en forma insistente, la Contraloría General brinda una serie de recomendaciones a la Defensoría del Pueblo, alertando que esta institución ni siquiera cuenta con un o una encargada de caja chica o administradora general, y evidencia la falta de documentaciones en las compras y adquisiciones que realiza la institución tanto en útiles de oficina, como en artículos de limpieza y otras cuestiones.
“Los estados financieros referidos no presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Defensoría del Pueblo correspondiente al ejercicio fiscal 2021, de acuerdo a los criterios y políticas contables establecidos en las disposiciones legales vigentes en la República del Paraguay, aplicables al sector público”, señala el dictamen de la Contraloría.
Entre otras cuestiones, el ente contralor cuestiona que la Defensoría del Pueblo no registró correctamente el convenio que firmó esta institución con Petropar, en concepto de combustibles, por valor de G. 184 millones.
Además, se señala que el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, cobró en forma irregular y sin respaldo más de G. 300 millones en concepto de cobro de remuneración al objetor de conciencia.
El informe rescata también que en varias cuentas auditadas de la institución se observó una diferencia negativa en el inventario de bienes de uso y balance.
La Contraloría afirma en su informe que el defensor del Pueblo envió su descargo por las observaciones remitidas, pero que no obstante, “no fueron suficientes ni justificadas”.
