Opinión

La ciudadanía merece una explicación sobre lo ocurrido en las Fuerzas Armadas

El Paraguay está inmerso en los inicios de una crisis institucional de singular caladura. La dificultosa alternancia puede quedar reducida a un fenómeno solo electoral, sin cambios reales por ciertos pasos del Ejecutivo y el Parlamento, que tienden a ejercer un poder absolutamente vacío de sustancia.

El accionar confuso y hasta falto de madurez que tanto el Ejecutivo como el Legislativo están manteniendo, hace que el país soporte embates que le repercuten en su solidez institucional. En una analogía, podría compararse con un edificio sin estructuras sólidas, víctima de cualquier vaivén.

Las últimas movidas en las Fuerzas Armadas, como si no faltaran temas y retóricos para la confrontación, solo fueron funcionales para avivar un debate agresivo, pero superficial, nuevamente, entre oficialismo y oposición.

Quien irremediablemente pierde ante tantos devaneos, imprudencias y falta de capacidad de conducción, es la propia nación.

Los hechos son elocuentes. El Ejecutivo tiene la atribución de disponer del destino de los altos mandos, una capacidad legal, pero que debe administrarse con buen tino político y prudencia, para sortear la calificación de arbitrariedad.

En trece meses, el presidente Lugo dispuso el pase a retiro de cuatro comandantes del Ejército, cuatro de la Marina y tres de la Fuerza Aérea. Todos nombrados y destituidos en el actual período constitucional.

Se expone un estilo de gestión, en un enrarecido clima de inseguridad personal y jurídica, de un pilar de la cohesión del Estado de Derecho democrático, que amerita una mayor comunicación, para evitar especulaciones y oportunismos, propios y ajenos.

Actuaciones poco claras sobran. Así, la reincorporación irregular del Cnel. Benítez Liseras, personal privado de su libertad en un país vecino, por delitos comunes vinculados a su profesión de piloto. Reuniones políticas en cuarteles que le cuestan el retiro a la cúpula militar, sin que los organizadores, altos funcionarios ejecutivos, reciban la menor reprimenda. Supuestas o genuinas conversaciones de militares con políticos, que enojaron al presidente, para advertir sobre "bolsones golpistas" en el estamento militar.

Una concatenación de hechos que producen crispación, en particular cuando el vicepresidente del Grupo Venezolano del Parlatino, Carolus Wimmer, denuncia: "En Paraguay se prepara un golpe de Estado político y militar, propiciado por el Congreso".

Palabras insinuantes que, lógicamente, abren un debate sobre los límites del poder y las reales intenciones del Ejecutivo, cuando inmediatamente después el presidente de la República también habla de la existencia de "bolsones autoritarios" en las FFAA y dispone el pase a retiro del vicealmirante Cíbar Benítez, cercano al ministro de Defensa, así como el relevo de los comandantes de las tres armas.

Pero la confusión ciudadana, no sólo local, sino internacional, aumenta cuando luego el propio presidente Lugo y su ministro del Interior ratifican, en el acto de sustitución de sus comandos, que no hay intenciones golpistas en las Fuerzas Armadas, e insisten sobre los "bolsones retardatarios" en la milicia y que desde sectores políticos se les busca influir.

El cambio de tantas cúpulas militares sin mayor explicación desmoraliza aún más a unas Fuerzas Armadas en estado casi absoluto de impotencia operativa.

Humillar, manosear o estigmatizar a las instituciones nunca será el mejor camino para fortalecer el Estado de Derecho democrático. El presidente Fernando Lugo, como Comandante en Jefe, debe entender y comprenderlo. Un axioma que incluye también a las mismas Fuerzas Armadas y a todo el entorno presidencial.

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