Política

La Armada dispuso sumario a 14 militares bajo sospecha de corrupción

El presidente Federico Franco solicitó informes al comandante de la Armada, vicealmirante Pablo Osorio, quien dispuso un sumario administrativo a 14 uniformados (oficiales y suboficiales) del destacamento de Beterete Cué, que están bajo sospecha de complicidad en el paso ilegal de mercaderías por el río Paraguay, desde el lado argentino.

La investigación periodística del Centro Informativo Multimedios (CIM) reveló, a través de una cámara oculta, cómo las mercaderías pueden pasar fácilmente en la zona de Beterete Cué a pesar de ser un lugar restringido de la Fuerza Naval.

El comandante de la Armada se reunió ayer con el mandatario en el Comando Logístico, en Mariano Roque Alonso. "Estamos en una etapa de investigación. No podemos tomar ninguna disposición y para eso abrimos un sumario administrativo a fin de investigar correctamente qué es lo que sucedió en el lugar", remarcó.

Señaló que hay funcionarios del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) que también están bajo la lupa tras la investigación periodística.

Indicó que hasta el momento no realizó ningún cambio y espera el resultado del sumario administrativo impulsado contra los uniformados para tomar las medidas correspondientes sobre el caso. El alto jefe militar señaló que observaron la filmación periodística y que a partir de allí se dispuso investigar al personal que está a cargo, el capitán Federico Gilardoni.

Mientras dure el sumario seguirán cumpliendo sus actividades normales. Luego tomarán la decisión.

"Puedo informar que hemos lograr interdictar una embarcación y estamos cumpliendo el pedido del comandante en jefe, que pidió tolerancia cero contra el contrabando", señaló.

En principio, indicó que en el video no aparecen los uniformados, pero en base a la denuncia de investigación están obligados a indagar el supuesto caso de corrupción.

Se sospecha que los uniformados hacen la vista gorda para el paso de las mercaderías. La pesquisa apunta a descubrir si hay complicidad de parte de los uniformados de la Armada.

JUSTICIA MILITAR. El coronel Augusto Kennedy, presidente de la Justicia Militar, comentó que hasta el momento hay un sumario interno en la Armada y que de acuerdo al resultado tomarán cartas en el asunto.

"Ellos hacen la investigación en primera instancia y luego, si corresponde, se solicitará a la Justicia Militar. Una vez que se constituye en delito, tienen la obligación de pasar a nosotros", refirió.

La semana pasada, el presidente Federico Franco se había trasladado hasta la zona de Itá Enramada, acompañado de la dupla presidencial Rafael Filizzola-Efraín Alegre, para mantener una reunión con los productores de tomate, que exigieron al Gobierno detener el contrabando.

Franco ordenó a los militares y a los funcionarios de Detave emprender todas las acciones necesarias para combatir el ingreso ilegal de las mercaderías desde Argentina. Sin embargo, días después aparece la investigación en donde se nota que los propios funcionarios responsables de controlar y evitar el contrabando son cómplices. Esta situación obligó al Ejecutivo a dar nuevas instrucciones.

<em>ASCENSO PÓSTUMO DE FALLECIDOS A CAUSA DE TORMENTA</em>

El comandante logístico, general Arístides Viveros, indicó que disponen de G. 5.000 millones para culminar con las obras de la institución castrense.

Señaló que sigue la investigación de la situación de la estructura que se derrumbó tras el fuerte temporal que se desató en Mariano Roque Alonso y que terminó con la muerte de cadetes que integran la Banda de Músicos de las Fuerzas Armadas.

El general Viveros indicó que los mismos recibirán el ascenso póstumo de parte del Gobierno. También está en trámite la indemnización a las familias de los afectados, a través del seguro de vida.

Refirió que hay una orden judicial que señala no innovar. "No podemos continuar con los trabajos hasta que termine el peritaje de la Fiscalía y la Justicia Militar", remarcó.

El presidente de la República, Federico Franco, realizó ayer la reunión de rutina de Comando en Jefe, en la sede del Comando Logístico.

Cuentan con un presupuesto disponible para la reconstrucción que ronda en G. 2.000 millones, a través del presupuesto plurianual.

Comentó que la Justicia debía expedirse en un plazo de 60 días sobre el caso.

Todos los uniformados del destacamento de Beterete Cué, a cargo del capitán Gilardoni, son investigados ante las sospechas de que hacen la vista gorda al paso de mercaderías de contrabando.

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