Política

Justicia lenta: Sin condenados a dos años de muerte de Quintana

El policía Gustavo Florentín es el único acusado por ingresar sin una orden judicial al PLRA en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017 y disparar contra Rodrigo Quintana.

Se cumplieron dos años de la toma e incendio del Congreso Nacional y el asesinato del joven dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Rodrigo Quintana, durante un atraco policial a la sede del partido de oposición, ocurridos durante las manifestaciones ciudadanas en contra del plan cartista de enmendar la Constitución para impulsar la reelección presidencial. Sin embargo, solo se cuenta con un acusado: El suboficial Gustavo Florentín, quien se encuentra recluido en la Agrupación Especializada.

Los agentes fiscales Marlene González, Clara Ruiz Díaz, Hernán Galeano y Teresa Rojas presentaron el escrito por el hecho punible de homicidio doloso. Pero no se determinó quién dio la orden para el cobarde ataque al local partidario, en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017.

Aquella noche y madrugada, antimotines y efectivos policiales entraron a disparar y a golpear salvajemente a quienes estaban adentro del recinto, entre ellos Rodrigo, de 25 años de edad, quien recibió un disparo de escopeta a mediana distancia que le ingresó por el costado izquierdo de su cuerpo. Le provocó la perforación de ambos pulmones y la destrucción de una parte del hígado. “Él termina falleciendo por asfixia y una hemorragia interna”, había explicado el médico forense del Ministerio Público, Pablo Lemir.

Si bien al principio fueron sospechados también los policías Éver Benítez, Jorge Ramírez y Arnaldo Andrés Báez, la Fiscalía solo vio como único culpable a Florentín, basándose en imágenes de las cámaras del circuito cerrado del local azul y cruces de llamadas y mensajes de la aplicación de WhatsApp, que involucran al uniformado.

Cabe destacar que Báez fue primeramente imputado por el Ministerio Público por la irrupción en el PLRA y por haber supuestamente coaccionado a los dirigentes liberales que se encontraban en el sitio, obligándolos a tirarse cuerpo a tierra. Pero posteriormente los intervinientes pidieron el sobreseimiento definitivo, argumentando que no existen elementos que comprueben que Báez haya realizado una amenaza de fuerza que impidiera que se le asista a Quintana.

Misma suerte corrió el comisario Tomás Paredes Palma, quien había sido procesado por inducir a un subordinado a cometer un hecho punible.

El escrito indica que el 1 de abril de 2017, a las 0.22 aproximadamente, habría ordenado a los agentes policiales de su dependencia a ingresar a dicha sede partidaria, pero de igual manera los fiscales decidieron sobreseer de manera definitiva al agente policial.

El presidente del PLRA, Efraín Alegre, había solicitado que la Fiscalía investigue al abogado Luis Canillas, y al tabacalero José Ortiz, cercanos al ex presidente Horacio Cartes, así como también a senadores llanistas, con el argumento de que los citados entablaron conversaciones con efectivos policiales. Pero la Fiscalía hizo caso omiso a dicha petición.

La Fiscalía también acusó el 8 de octubre de 2017 por la quema del Congreso, por los enfrentamientos en la zona del diario ABC Color y por los daños a una patrullera. Entre los acusados se encontraba el actual senador Paraguayo Cubas. Sin embargo el legislador fue sobreseído y la Corte resolvió también dicha acción contra otros 13 imputados.

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