Sábado|29|NOVIEMBRE|2008-andres@uhora.com.py
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El atestado microcentro comercial de Ciudad del Este es una enorme trampa mortal, un polvorín a punto de estallar. El 90% de los edificios comerciales, que alojan a centenares de laberínticas galerías y precarios puestos de venta, carecen de básicos sistemas de seguridad y evacuación contra incendios. Basta una simple chispa, un cortocircuito accidental en la irregular telaraña de los cables eléctricos, para que se desate el infierno.
Ya ha ocurrido con demasiada frecuencia. Hace dos semanas, la galería La Esperanza ardió en forma incontrolable, generando escenas de pánico y desesperación, junto a pérdidas varias veces millonarias, aunque la rápida y valiente acción de los bomberos pudo evitar que el fuego se cobre vidas humanas.
En la tarde del jueves, otro cortocircuito hizo brotar densas lenguas de fuego en el primer piso del conocido Shopping Americana, generando nuevamente las corridas desesperadas y los gritos de socorro. Aunque esta vez la ubicación del edificio en una zona urbana ya reordenada permitió un rápido acceso de los bomberos y un control más rápido del siniestro.
Como es debido, la Municipalidad de Ciudad del Este procedió a la clausura de estos y varios otros edificios que siguen siendo una ratonera mortal, para exigirles que adecuen sus instalaciones a las normas básicas de seguridad y protección contra incendios.
Llamativamente, casi en el mismo momento en que el Shopping Americana estaba ardiendo ante las reiteradas escenas de pánico colectivo, se conocía la orden del juez Manuel Geraldo Saifildin Stanley, magistrado de primera instancia en lo Civil y Comercial de Ciudad del Este, quien decidió que uno de los edificios más peligrosos cerrados por la Comuna, el Shopping Asia, reabra sus puertas y siga funcionando mediante una medida cautelar, liberando a los empresarios chinos Sheng Chieh Chag, Pao Chuan y Chin Pin Tseng de la responsabilidad de prever medidas de seguridad para sus empleados y clientes.
El juez justifica su disposición en “el derecho al trabajo”. Los empresarios tienen derecho a seguir trabajando (en este caso, lucrando o facturando), aunque sea en condiciones de explotación e insalubridad de los empleados, aunque violen tantas leyes básicas de seguridad ciudadana, aunque expongan en grave riesgo la vida de centenares de personas. “Irresponsable” es el calificativo más suave que se le puede dar a este tipo de medida judicial.