Esto, ante la necesidad de que los internos califiquen en el perfil que se requiere para su readaptación.
Dos de los penales se encuentran en Emboscada (Cordillera) y otro en Minga Guazú (Alto Paraná).
El proceso que se impulsará en los nuevos centros penitenciarios apunta a que los condenados puedan pasar por un proceso de readaptación para luego ser reinsertados en la sociedad. Así, se pondrá en marcha una metodología formativa de mandos medios, a fin de que se pueda generar capacidad instalada en ello.
SATURACIÓN. Olmedo sostuvo que los penales se encuentran actualmente saturados.
“Hemos inhabilitado el penal de Tacumbú por el momento, a fin de descomprimir el alto índice de hacinamiento que tenemos, así como también el penal de Ciudad del Este. Estas personas deberán pasar por un filtro, que contempla un proceso de selección, a fin de que consientan ser sometidas a un sistema de readaptación y reforma, sobre todo, que ese proceso culmine en la reinserción social efectiva dentro de una capacidad instalada que se les quiere brindar en ese proceso de readaptación de estos penales”, sostuvo.
La población penal está compuesta por 16.000 personas privadas de libertad, de las cuales unos 5.000 internos están condenados, muchos de ellos prevén ser derivados a las nuevas cárceles.
“Por primera vez en la historia del sistema penitenciario podríamos tener la diferenciación entre condenados y procesados”, agregó.