La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once miembros de la Corte Suprema, como responsable de una investigación en torno a lo que la propia Justicia califica de actos “antidemocráticos”.
Según informó el Supremo, ese bloqueo de cuentas bancarias afecta a 43 personas, en su mayoría, empresarios del sector agrícola que se alinean en la ultraderecha que respalda al actual presidente, Jair Bolsonaro, derrotado en las urnas por el progresista Lula.
De acuerdo con la investigación, esos empresarios son propietarios de muchos de los camiones que bloquearon carreteras en protesta por el resultado de las elecciones y que ahora han mandado a estacionar sus vehículos frente a cuarteles de diversas ciudades del país, con el nada disimulado objetivo de exigir un golpe militar.
La intervención de las Fuerzas Armadas para impedir que Lula sea investido de la presidencia el próximo 1 de enero es reclamada por miles de personas, que han acampado frente a cuarteles y piden una “intervención militar” que “salve al país del comunismo”, pese a que son totalmente ignorados por los generales.
Según el magistrado De Moraes, esas concentraciones de personas y su talante claramente golpista suponen un “abuso” de las garantías constitucionales.
ABUSO. ”Se verifica un abuso reiterado del derecho de reunión”, que en este caso está “dirigido ilícita y criminalmente, a propagar un incumplimiento del resultado del pleito electoral” a través de una “ruptura del estado democrático de derecho y la consecuente instalación de un régimen de excepción”, sostuvo el juez.
De Moraes cita el caso del Cuartel General del Ejército en Brasilia, en cuyas inmediaciones un millar de personas acampan desde el pasado 31 de octubre, un día después de que las urnas proclamaron la victoria de Lula frente a Bolsonaro.
Explica que las propias autoridades policiales han puesto bajo sospecha a los empresarios que fueron objeto del bloqueo de cuentas, que “financiarían esos actos antidemocráticos” al proporcionar “una estructura completa”, que incluye desde tiendas de campaña y baños hasta la “alimentación” de los manifestantes.
En su decisión, agrega que “ese escenario exige una reacción absolutamente proporcional del Estado, en el sentido de preservar los derechos y las garantías fundamentales”, frente a una “posible influencia económica en la propagación de ideales y acciones antidemocráticas”.
