“Es necesario comprender la importancia de este juicio porque, por vez primera, en mucho tiempo, se reconoce la existencia de la tortura”, mencionó el juez Manuel Aguirre, miembro del Tribunal que dictó la condena.
Recordó que se recomendaba la creación de leyes represivas para darle legalismo a los atropellos a los DDHH.
Un suboficial de la Policía confirmó que las computadoras eran fáciles de vulnerar y guardaba todos los registros, pero ya fueron retiradas por una empresa. Cuestionó que la investigación no apunta a comisarios.
Legislador liberal rechaza la idea de sacar a ministros de la Corte por los casos de la mafia de los pagarés. Sostiene que es un problema político que debe resolverse en ese ámbito y no “con parches judiciales”.
Finalmente, la Corte inició una auditoría en los expedientes de Liz Prieto, la docente que debe millones por comprar un microondas. Sin embargo, a ella le siguen descontando el salario con deudas falsas.
La adquisición de propiedades a través de un proyecto ante el Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) se volvió un conflicto entre el que dice ser presidente de una comisión vecinal y el servicio que gestiona el subsidio de un 95% para 234 personas que buscan beneficiarse con un terreno. En un fuego cruzado, ambas partes ahora se denuncian por estafa.
El juez de Garantías, José Agustín Delmas, ratificó la prisión de Luis Alberto Quintana Acosta, imputado por las amenazas al periodista y director de El Observador, Carlos Benítez, realizadas a través de las redes sociales.
