15 jun. 2025

Juez solicita carpeta de imputación contra Carlos Filizzola

El juez Penal de Garantías, Hugo Sosa Pasmor, recibió la comunicación de la Cámara de Senadores sobre la revocación del desafuero del senador Carlos Filizzola. Sin embargo existe una serie de apelaciones en una de las Cámaras y solicitó al Tribunal de Alzada liberar el expediente para correr traslado a la fiscalía, que tiene que volver a presentar la imputación con el referido representante parlamentario sobre el famoso caso de los helicópteros, durante su administración al frente del Ministerio del Interior.

En la mira.  El juzgado comunicará sobre el proceso penal  y Filizzola sería desaforado para someterse a la Justicia.

En la mira. El juzgado comunicará sobre el proceso penal y Filizzola sería desaforado para someterse a la Justicia.

“La comunicación de la Cámara de Senadores por la cual derogaron la resolución del desafuero del Carlos Filizzola, como el expediente está en la Cámara de Apelaciones, hemos solicitado vía oficio me remitan todos los expedientes para luego remitir a la fiscalía para escuchar el parecer del fiscal interviniente”, explicó el magistrado.

Sosa Pasmor explicó que estudiarán todo lo que se encuentra en el expediente.

Es la fiscalía la que debe presentar de nuevo la imputación y luego el juez deberá comunicar al Congreso que existe un proceso penal contra Filizzola y es la Cámara Alta la que deberá decidir el desafuero del mismo.

En su momento, los fiscales Martín Cabrera y Victoria Acuña imputaron a 10 personas, entre los miembros del Comité de Evaluación del Ministerio del Interior y 2 representantes de la firma Proibérica, empresa que vendió los helicópteros al Estado.

El 2 de mayo pasado, los fiscales se constituyeron en el Ministerio del Interior, donde recabaron cinco biblioratos de documentos que confirman que en total la secretaría de Estado pagó 10 millones de dólares a la firma Proibérica SA para la adquisición de tres helicópteros marca Robinson.

La imputación es por lesión de confianza, por el hecho punible contra el patrimonio. La Fiscalía alega que existe un perjuicio al Estado de G. 50.062.368.788.