El juez de Garantías, Gustavo Amarilla, comunicó ayer a la Cámara de Senadores la causa formada en contra del senador de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas, por presunta perturbación de la paz pública. La Cámara Alta deberá analizar su desafuero para que pueda seguir su proceso.
Cubas está acusado en el caso conocido como la quema del Congreso, a raíz de las manifestaciones del 31 de marzo del 2017, en contra de la enmienda a favor de la reelección presidencial, promovida por el presidente Horacio Cartes.
En el proceso, los fiscales Alcides Corvalán, María José Abed, Aldo Cantero y Eugenio Ocampos habían dejado a criterio del juez Amarilla el comunicar o no el caso a la Cámara de Senadores.
El magistrado entendió que Cubas fue procesado luego del hecho, y tras ganar la banca como senador y tener fueros, corresponde imprimir los trámites del artículo 191, párrafo segundo, de la Carta Magna, para continuar el proceso.
Además del oficio remitido, el juez también envió las copias de los siete tomos de carpeta fiscal, y del expediente, de modo a que los legisladores puedan analizar la causa, como señala la Ley Suprema.
Coincidentemente, el senador Cubas había hecho un pedido a la Cámara de Senadores para que le remitan la nómina de senadores electos del periodo anterior y del actual que tienen procesos pendientes en el área penal con la Justicia.
PRELIMINAR. El juez Gustavo Amarilla fijó para el próximo 19 de setiembre, a las 8.30, la audiencia preliminar para los otros acusados por el caso de la quema del Congreso Nacional.
En ese sentido, no figura en la lista Paraguayo Cubas, por su calidad de senador, aunque el magistrado remarcó que si es que los senadores consideran sacarle los fueros antes de la fecha, sería llamado también para la diligencia.
En el caso están acusados: Jorge Radice, Roberto Rojas, Silvino Romero, Jorge González, Juan Radice, Juan del Puerto, Nelly Cortesi, Rafael Esquivel, Stiben Patrón, Marlene Orué, Richard Chamorro, Víctor Rodríguez, Marco Ramos, el concejal de Asunción Rodrigo Boungermini, Marco González y Luis Sánchez.
Para todos ellos la Fiscalía solicitó juicio oral y público por la causa.
